La decisión adoptada por una comisión de la Unión Europea (UE) proponiendo incluir a Panamá nuevamente en su “lista negra” marca una nueva etapa en nuestras relaciones con los organismos a cargo de regular el lavado de dinero y temas tributarios.
Se abre también un capítulo inédito de las rivalidades que se han acrecentado entre la UE y Estados Unidos (EU), cuyo último episodio ha sido agregar a la lista varios territorios de ese país considerados “paraísos fiscales”.
Panamá redobló recientemente la adopción de iniciativas como las de intercambio de información, Estándares de Reporte (CRS) y diversas leyes, como la que penaliza la evasión, mismas que más de una centena de países habrían adoptado hace años.
Estas acciones nos permitieron salir de las listas en febrero 2016 de GAFI (Grupo de Acción Financiera Internacional),en junio de2017 de la OECD (Organization Economic Cooperation/Development), y en enero de 2018 de UE.
En este momento, el país no forma parte de ninguna lista multilateral (dado que la inclusión a UE debe ser ratificada), lo cual resta veracidad a la afirmación de que Panamá no ha logrado resultado alguno ante estos organismos.
Así mismo, entre EU y la UE se han venido acrecentando desavenencias en temas como defensa militar, comercio, lavado de dinero y evasión. Ello tiene como corolario el enérgico rechazo de EU a la señalada inclusión, bajo argumentos similares a Panamá en cuanto a la inapropiada metodología aplicada por la UE. Panamá ahora goza de autoridad para ejercer esta reacción. Hacerlo antes resultaba ilusorio por los señalados atrasos, y el corrosivo efecto de los “Panamá Papers”.
Para agregar particularidad al caso, España ha respaldado la postura de Panamá, lo cual corrobora la pluralidad de intereses entre los actores del drama en ciernes. A raíz de esta coyuntura se comenta la potencialidad de Panamá para alinearse con EU.
Mas allá de la conveniencia o no de esto, y dejar a la UE de lado, tampoco habría sido posible si Panamá no hubiese suscrito en 2016 el Fatca (Cumplimiento Fiscal de Cuentas en el Extranjero). La necesidad de adoptar ajustes era inexorable.
Finalmente, aseverar que Panamá pagó un alto costo por estos avances soslayaría el detrimento que habría sufrido su reputación bajo el escenario “no hacer nada”. Los beneficios a futuro derivan de que, en buena lid, el país pueda ahora convertirse en un hub de empresas de alta tecnología que cumplan los debidos estándares, generen empleos y agreguen valor o sustancia a cambio de incentivos fiscales y un aceptable aporte fiscal a Panamá.
El autor es economista y asesor del MEF