Semanas atrás se ha dado un movimiento en redes sociales contra la banda de black metal sueca Marduk, al anunciar que darán por primera vez un concierto en Panamá. Las reacciones fueron las esperadas por el pueblo panameño y un grupo de ciudadanos se levantó en contra de la presencia de una banda “satánica” en la ciudad.
Prontamente, el Ministerio de Trabajo y Desarrollo Laboral comunicó que la banda no había presentado documentación correspondiente para la solicitud del permiso de trabajo que les permitiera realizar esta presentación, y así se canceló el concierto. Pero, ¿cuál es el problema, si los responsables no realizaron los trámites correctos? Aquí el problema es la aplicación selectiva de justicia. Solamente el haber presentado el comunicado denota lo dicho anteriormente; cuando un exportador extranjero quiere traer algo a Panamá, y este no consigue los permisos apropiados, no se hace vox populi la omisión del exportador, es más, queda desapercibido porque es un trámite gubernamental común.
En este caso vimos cómo el gobierno utilizó un agente externo como chivo expiatorio y así darle a las masas algo para que digan “el gobierno hizo algo bueno”. En un país con una población de aproximadamente 75% de cristianos era lógico que se iba a dar una reacción de repulsión contra la banda, pero si se ve desde una perspectiva general la situación es la siguiente: un producto o servicio que al 75% de la población panameña no le gusta quiso venir a este mercado. Este producto posiblemente le pudo haber gustado a 25% de la población panameña que es neutral ante el producto. Por la presión de la mayor masa ciudadana el posible pequeño grupo de ciudadanos no pudo disfrutar de un producto o bien que posiblemente era de su agrado.
En otras palabras, y sin tantos números, una parte de la población, por ser minoría, no tiene la libertad de poder satisfacer un gusto o necesidad solamente porque el Estado prefiere tener una administración populista que satisfaga a la mayor cantidad de personas, y eso no está bien.
En nuestro país debería haber un libre mercado en donde aquellos productos que sean demandados por la población deban quedarse para que así todos tengan la oportunidad de libremente poder competir y llegar a los ciudadanos (demandantes).
Ahora, invierto el escenario a otra situación actual. El Estado está realizando un gasto de aproximadamente 55 millones de dólares para la Jornada Mundial de la Juventud, dinero que sale del presupuesto de nuestro país, fruto en su mayoría de los impuestos aplicados a toda la población. Pero, esta es una actividad de carácter religioso que no es de primera necesidad y satisface a ese 75% de la población, pero al ser minoría aquellos que no están de acuerdo con este gasto de sus impuestos, el gobierno ni le presta atención. La libertad también es poder tener los mismos derechos de obtener un producto, así a toda la población no le guste.
El autor es miembro del Círculo Bastiat de la Fundación Libertad