Ya hemos dicho que la crisis no es de una institución o de personas, sino de la oligarquía como sistema político dominante. Esta situación obedece a que ha persistido la Constitución militarista de 1972 que concentra el poder en el Ejecutivo. Igualmente que la corrupción público-privada se remonta a los albores de la República. Que el cohecho ha sido práctica de todos –sin excepción– los gobiernos posinvasión (La “insolencia” del Estado de la oligarquía, La Prensa 10/2/2017). Lo nuevo de las últimas semanas es que en medio de los más grandes escándalos de corrupción en la historia del país o producto de estos –casos Odebrecht y los Papeles de Panamá– se está moviendo un peligroso ardid político de las fuerzas económicas que sustentan las entelequias políticas mal llamadas partidos políticos, cuyos elementos son mucho más alarmantes de los que rodearon el golpe militar dado por la Guardia Nacional el 11 de octubre de 1968, en circunstancias que ahora no hay árbitro nativo como en aquella ocasión y se podría poner en riesgo la propia soberanía e independencia nacional del Estado panameño.
Es tan grande la podredumbre que envuelve a todas las fracciones de la oligarquía y a importantes firmas de abogados, bancos, empresas de seguro y reaseguro, en pocas palabras, a la burguesía financiera en general, que al no poder hacer una investigación completa porque quedaría incluida también la fracción de la oligarquía actualmente en el poder, han decidido tomar el retorcido camino de “satanizar” a la Asamblea Nacional para hacerla volver al redil del control presidencial.
Es un “secreto a voces” que las ayudas otorgadas por diputados a personas y entidades particulares están contempladas en el presupuesto general del Estado y reglamentadas por la propia Contraloría General de la República, desde el pasado 25 de octubre de 2016, mediante el Decreto 441 de dicha entidad pública. Lo que ocurre es que la fracción de la oligarquía en el poder tiene un plazo fatal, que se reduce a cuestión de pocos meses cuando las autoridades judiciales de Brasil den a conocer los acuerdos de Lava Jato. Para esa fecha se cuenta haber abierto causa criminal contra relevantes figuras del pasado gobierno y “sacrificar” ante el altar de la justicia panameña a la fracción de la oligarquía vinculada a la pasada administración. Para ello es imprescindible “cuadrar” a todos los órganos del Estado y a importantes instituciones como la Contraloría y el Ministerio Público.
La puesta en primer plano a las irregularidades administrativas e ilicitudes cometidas en el Órgano Legislativo, por encima de las coimas y sobreprecios de Odebrecht, cuya lesión patrimonial al erario suma cerca de mil 500 millones de dólares y que, como el escándalo de los Papeles de Panamá, vincula a importantes figuras del gobierno y de su entorno, pone de manifiesto que las contradicciones internas de la oligarquía están llevando a la fracción en el poder a pasar por encima de las propias “reglas del juego” de la clase política u oligarquía.
De allí que interpreto la baraúnda de la Asamblea Nacional, como una peligrosa movida de la fracción oligárquica Varelista procurando solventar la crisis general de la oligarquía y de paso, políticamente, matar tres pájaros de un tiro: establecer un “cerco financiero” a la Asamblea Nacional para ejercer control político sobre la misma; bajar el perfil presidencial del contralor; y apartar del ojo de la opinión pública a los escándalos de Odebrecht y los Papeles de Panamá.
Sin embargo, lo más peligroso de la maniobra política de la fracción oligárquica Varelista no es la destrucción política de la oligarquía o de parte de ella, lo grave es que no ha tomado en cuenta las consecuencias de semejante aventura política y mucho menos la reacción del “país decente”, del pueblo y de algunas de sus organizaciones que están exigiendo una investigación prolija y total de la conducta criminal y “gansteril” de los tres últimos gobiernos. En este novísimo escenario de ausencia total de institucionalidad democrática y de organismo nacional alguno, con la suficiente fuerza y autoridad moral, capaz de dirimir las profundas contradicciones de la oligarquía, es que podemos ser víctimas, una vez más, del zarpazo del águila imperial. No olvidemos que en virtud de los tratados Torrijos-Carter, estamos “bajo el paraguas del Pentágono”¡Así de simple es la cosa!
