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Médicos en los tribunales

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Algunas consideraciones sobre la actuación de los médicos en los tribunales. En vista de los últimos acontecimientos en la Corte, consideramos oportuno exponer sobre algunos puntos de la actuación médica en los tribunales. La diversidad de las interpretaciones de la participación médica, en lo que dura el proceso de Ricardo Martinelli, y la confusión en la apreciación del alcance legal de la opinión científica observada en los medios de la comunicación indican la importancia del conocimiento sobre el rol de la medicina a la hora de administrar justicia.

Cuando a nosotros, los médicos, se nos solicita la cooperación con la justicia, nos vemos obligados a proporcionarla, pero ello no quiere decir que no tengamos derechos o que no tengamos nuestras reglas científicas, éticas y legales. Es muy distinta la intervención en los tribunales de los médicos forenses y de los tratantes. La finalidad de la medicina forense es auxiliar a los tribunales y no al paciente; el principio de beneficencia no constituye el norte de la actuación médicoforense. En la Corte ayudamos a resolver cuestiones legales, determinadas por la legislación vigente. Los médicos tratantes, al estar sujetos al deber de beneficiar a sus pacientes, no pueden ser objetivos e imparciales, por ende, no deben emitir juicios sobre los conceptos médico-legales. Por ejemplo, ningún médico tratante aseveraría que su paciente se beneficiaría de estar recluido en una cárcel.

Para los privados de libertad con enfermedades crónicas, físicas o mentales, las opciones de tratamiento ambulatorio se reducen a dos ambientes: cárcel o domicilio. La percepción de la sociedad en estos momentos es que los criterios para decidir sobre estas opciones son básicamente médicos, convirtiéndose la permanencia en un penal en la menos probable, siempre y cuando salga a relucir algún diagnóstico. Sin embargo, la ley que determina los requisitos y las reglas para las medidas cautelares no contempla exigencias hacia el estado de salud del investigado, consecuentemente, la constancia de alguna enfermedad no debe constituir eje central para las decisiones sobre las medidas cautelares personales de privación de libertad. Claro está, que todos los detenidos poseen derecho a la salud con la atención oportuna en el sistema sanitario.

La medicina forense no interviene en las decisiones terapéuticas. Tampoco las audita (excepción, las pericias por malapraxis).

Determinamos el estado de salud, recabando información clínica de las instituciones sanitarias y no a través de nuestra labor diagnóstica autónoma, dado que el Imelcf no posee condiciones para efectuar estudios médicos en las instalaciones del Instituto.

Hablemos sobre la vista oral, donde ratificamos nuestros informes periciales, iniciando por la acreditación del perito, que garantiza la calidad de su pericia a través de la confirmación de su idoneidad. Sin una debida acreditación frente a la Corte, se crearía la incertidumbre sobre el valor científico del peritaje y la credibilidad profesional del perito. Se espera, que las autoridades les permitan a los peritos demostrar su competencia al Tribunal y, luego, presentar su pericia. La información insuficiente sobre la labor pericial realizada puede introducir caos en los subsiguientes periodos de interrogatorio y contrainterrogatorio. Existe una falsa idea de que el perito debe saber responder siempre a todo.

Este mito de “omnisapiencia del perito” nace de una errónea interpretación de las leyes, por lo que los abogados, frecuentemente, se sienten forzados a poner en duda uno por uno todos los conceptos que contiene el informe médico forense.

De ahí nos vemos envueltos en las situaciones semejantes a un examen, donde el objetivo es cerciorarse que los peritos conocen los significados de diferentes palabras. Esta práctica aleja al tribunal de su objetivo de conocer las conclusiones periciales sobre los puntos legales que le interesa resolver.

El perito está obligado a contestar todas las preguntas, por esto es importante que estas le permitan expresar su opinión honesta y comprensible y que no sean influenciados por factores ajenos a la ciencia, tales como las expectativas de las partes.

Inducir a los médicos a que den respuestas a las preguntas sugestivas en un interrogatorio o poco claras, engañosas o agresivas y aviesas en un contrainterrogatorio, sin que exista una oportuna objeción, es inducir a engaño a las autoridades y llevarlos a conclusiones inadecuadas, haciendo compleja la resolución de disputas con el subsecuente desperdicio y alto costo social.

Lejos de abordar todas las inquietudes, finalizamos expresando el interés de nuestro gremio, la Asociación Panameña de Medicina Legal y Forense (Apamelef), en que los médicos forenses nos mantengamos firmes como asesores científicos calificados e idóneos, leales a la ética y al mandato de legalidad.

Los autores son, respectivamente, especialista en medicina legal y psiquiatra forense, miembros de Apamalef

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