Desde la era Porras, la construcción de grandes infraestructuras ha capturado la imaginación de las masas panameñas. Partidarios y opositores a la vez, al pasar del tiempo, no pueden hacer otra cosa que maravillarse con los resultados de enormes ambiciones que en base a hierro y cemento van construyendo facilidades para un país.
El nuevo siglo ha dejado el exceso perverso de esta tendencia, bienvenidos a la era de la megaobra.
Desde hace años, existen, se construyen y se prometen grandes obras viales y de transporte masivo, enormes facilidades logísticas, algunas con capacidades interoceánicas, proyectos energéticos y mineros, en múltiples fases. Los nuevos acuerdos con la República Popular China conllevan toda una nueva oleada de superproyectos. ¿Estamos preparados para este desafío?
¿Son estas actividades sostenibles en el tiempo? ¿Por qué se asocian a detallados esquemas de corrupción? ¿Por qué, si bien ayudan a la población, las minorías vecinas a su paso se ven irremediablemente perjudicadas? ¿Por qué, a pesar de su ejecución, la situación económica parece estar disociada de ellas? Y tal vez lo más importante: ¿Por qué, por más que estimulen, la sociedad panameña parece sumirse más y más en la violencia, la ignorancia y el deterioro cultural?
El impacto ambiental de la megaobra panameña no ha sido estudiado, pero es grande a simple vista.
El instrumento de evaluación ambiental estratégica existe desde el año 2009, aplicable a políticas públicas, pero aquella es inmune a este, los estudios de impacto ambiental se le aplican una a una, pero sus daños multiplican los ahí declarados, su ejecución contamina, desaloja, provoca discordia social y temores donde no habían.
Aun así, su inauguración genera fiestas, fotografías y documentales. Pero el rédito político nunca está garantizado. Después de alimentarse de abundantes fondos públicos, con varias adendas como segundo y tercer plato, el postre de la voracidad de la megaobra suele ser el mismo político que la inauguró.
El anhelado avance que significó el Ministerio de Ambiente ha quedado pequeño ante el monstruo, toda vez que son las mal equipadas direcciones y agencias regionales las que deben darle seguimiento a su rastro contaminador.
Los informes de cumplimiento confeccionados por el contratista, se les entregan, pero las verificaciones en campo casi nunca se dan.
Los esfuerzos de la Alianza por el Millón de Hectáreas, buque insignia de Miambiente, se hacen invisibles ante la enorme sombra de tala que deja la bestia, cuya compensación ambiental no deja de ser un misterio para la mayoría de los panameños.
Existen suficientes instrumentos legales, capacidad científica acumulada y, en algunas mentes del quehacer nacional, virtudes, para domar a la bestia, una obra pública de gran calado no debería significar posibilidades de corrupción, deterioro ambiental e imposibilidades de obtener ante sus perjuicios, una indemnización justa, previa y equitativa, tenemos un sistema jurídico maduro, pleno y lleno de normas.
Hay que luchar para que estas sean implementadas, para transformar a lo que hoy es un leviatán destructor de sociedades, en un verdadero símbolo de progreso nacional.
El autor es abogado