JUSTICIA

Ministerio Público vs Órgano Judicial

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El reciente fallo de la Corte Suprema de Justicia que acogió sendos amparos de garantías constitucionales ejercidos por la defensa de los señores Mulino y Garuz, ha provocado, otra vez, ensordecedores clamores endilgándole a la Corte Suprema de Justicia graves epítetos, circunstancia merecida por las conductas erráticas y jurídicamente cuestionables en decisiones que dejan translucir manipulación del derecho para satisfacer oscuros intereses, en lugar de prodigar la administración imparcial y objetiva de justicia. No obstante, en este fallo, se obró en derecho.

La situación procesal no estira mucho para admitir la tesis de que el Ministerio Público obró responsablemente en el manejo del sumario o instrucción del expediente. Las fiscalías encargadas de las investigaciones agotaron los plazos otorgados por la jueza de la causa. Esto indica dos situaciones procesales: una, que se ejerció el derecho de solicitar prórroga para las investigaciones, y dos, los fiscales eran conocedores de las fechas o plazos mortales que los jueces le había indicado.

Con estas dos variables resueltas, los fiscales eran conscientes de que disponían de un plazo perentorio para avanzar o culminar sus investigaciones. Por otra parte, las normas procesales establecen que, mientras haya detenidos, no se concederán prórrogas, estando en este caso detenidos Garuz y Mulino, detención ejecutada mientras se definía el otorgamiento de las prórrogas solicitas, es decir, se ordenó y ejecutó la detención de ambos, vencidos los plazos otorgados, lo cual evidentemente es una irregularidad que no puede ser suplida con teorías o criterios subjetivos, pues la ley es clara en cuanto a esto y sobre todo cuando están en juego derechos humanos fundamentales como la libertad personal.

Ahora bien, el señalamiento de la señora procuradora de que “casos emblemáticos” se pueden “caer” por la negativa jurisdiccional de no calificar tales casos como complejos, es una parte de la historia. En casos penales “emblemáticos”, donde están vinculados personas allegadas al gobierno, se han concedido plazos ad infinitum, confirmados en sede constitucional por la Corte Suprema de Justicia. Notorio es que, los fiscales, la mayoría de las veces, atiborran los expedientes con documentos de peso probatorio inocuo, que nadie va a leer y que muy pocos logran entender.

Los modernos delitos financieros y blanqueo de capitales incorporan complejas estructuras corporativas, enjambres de operaciones financieras en varias jurisdicciones, con documentación en diversos idiomas, lo que limita mucho la capacidad investigativa de los fiscales, acostumbrados mayormente a la investigación de delitos comunes soportados por una dogmática muchas veces desfasada.

Las denuncias de la señora procuradora deberían estar dirigidas a exigir mejor capacitación de sus fiscales, el aprovisionamiento de ingenios tecnológicos, y más y mejor personal forense para realizar las investigaciones que requieren los fiscales para solventar las investigaciones en términos razonables.

Por otra parte, el Órgano Judicial hace gala de decisiones erráticas y contradictorias, de tal forma que el halo de corrupción e ineptitud que le abraza aviva la sombra de desconfianza que proyecta sobre la ciudadanía.

Los procesos de Mulino y de Garuz no han terminado. Todavía los fiscales tienen oportunidad para aportar las pruebas para cimentar su caso. Pero extrañas circunstancias en los procesos “emblemáticos” parecieran indicar que hay un trasfondo donde un exquisito juego de sombras de intereses políticos y económicos arrastran la justicia a la oscura sima de la impunidad.

El autor es abogado

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