El verdadero motivo de la separación de Panamá de Colombia fue el Tratado Herrán Hay, firmado en enero de 1903, que serviría de base al Hay-Bunau Varilla, firmado el 18 de noviembre de ese año. Nunca hubo unidad entre los panameños respecto a ese tratado.
Un retrato de esto lo ofrece el comportamiento de los tres senadores panameños en el Congreso colombiano: José Agustín Arango, no asistió a los debates porque ya había empezado la conspiración para la separación; José Domingo de Obaldía, como parte de la comisión senatorial, recomendó, en julio de 1903, su aprobación con “restricciones” y, cuando finalmente se rechazó el 2 de agosto se retiró de la sala para no votar. Pero el tercer senador panameño, Juan B. Pérez y Soto, no solo votó en contra del tratado, sino que hizo el más importante alegato para su rechazo.
José D. Obaldía y Juan B. Pérez y Soto hicieron parte de la comisión senatorial que rindió informe al pleno sobre el tratado, pero ambos tuvieron objeciones, es decir, ninguno de los dos panameños apoyó la aprobación sin modificaciones, como exigía Estados Unidos. En el informe de mayoría, firmado por José D. Obaldía, se señala: De ese primer debate al proyecto de ley “por el cual se aprueba con restricciones el tratado entre la República de Colombia y los Estados Unidos de América para la construcción de un canal interoceánico entre los océanos Atlántico y Pacífico”. Se adjuntaba un proyecto de ley en que se proponían seis modificaciones sustanciales del Tratado.
Antes de volver a Panamá, Obaldía fue designado por el presidente Marroquín como gobernador del Departamento del Istmo. Lo cual demuestra la confianza que el Gobierno le tenía en un momento tan crítico para Colombia. Durante los sucesos del 3 de noviembre, fue arrestado.
El mayor alegato contra el tratado Herrán-Hay provino del panameño Juan B. Pérez y Soto, el cual dio el informe de minoría ante el Senado. Para él no bastaban las enmiendas, había que rechazar todo el convenio. Su discurso es una elocuente argumentación, que bien merecería ser reeditada para las actuales generaciones. “El tratado todo es un solo sarcasmo”, sentencia Pérez y Soto.
Luego de objetar el artículo 1, que autoriza a la compañía francesa del canal a vender sus propiedades a Estados Unidos, lo cual vicia de nulidad el acuerdo por inconstitucional e ilegal, agrega: “…porque en este tratado es más que enajenación de territorio lo que se concede: es también abdicación de la soberanía”. Al igual que Porras afirma: “La venta franca de una porción del patrio suelo… es, con toda su franca inconstitucionalidad y lo deshonroso de toda mutilación, menos grave que la abdicación de la soberanía…”.
Agrega: “¿De qué sirve sino de irrisión el reconocimiento de la soberanía, sobre el papel, cuando en el hecho el gobierno extraño es el que entra en el mando con todos sus atributos, el que gozará el dominio real y efectivo sobre aquella parte de nuestro patrimonio nacional, dominio a perpetuidad y tan completo y absoluto, que venimos en renunciar a su favor la más augusta de las funciones, la de administrar justicia?”.
La respuesta a esta patriótica posición de Juan B. Pérez y Soto provino del potentado panameño Ricardo Arias, quien le espetó: “tú no tienes propiedades de mayor cuantía aquí… yo sí poseo extensas propiedades… De allí nuestra manera diferente de ver las cosas”. Con lo cual queda demostrado que la línea divisoria de las opiniones respecto al tratado, y luego respecto a la apresurada separación de Colombia, era la pertenencia a una clase social.
El autor es docente universitario