Que un estado tan conservador como Nebraska haya enterrado la brutal práctica de la pena de muerte es una muestra más de la lenta agonía que está sufriendo la pena capital en Estados Unidos, que en menos de una generación podría quedar obsoleta. Nebraska se convirtió en la noche del miércoles en el primer estado republicano en abolir el castigo en 40 años (Dakota del Norte lo hizo en 1973), después de que su Capitolio llegara a la conclusión de que es un castigo aberrante e indefendible.
El diario The New York Times editorializaba el jueves al respecto: “Si en el corazón del conservadurismo más profundo se ha llegado a esa conclusión, se puede llegar en cualquier lado”. De los 50 estados de los que se compone la Unión, 18 han abolido la práctica (19 si se cuenta el distrito de Columbia) y 32 la mantienen en sus ordenamientos jurídicos, aunque en algunos de ellos está en suspenso debido a la falta de anestesia para aplicar la inyección letal –el caso de Oklahoma– o simplemente llevan años sin practicarla –Colorado, Kansas, y el Gobierno Federal y el estamento militar–.
La opinión pública estadounidense la rechaza como nunca antes en los últimos 40 años, dato este importante si el Tribunal Supremo tuviera que definirse sobre su constitucionalidad. De 80% a favor a mediados de la década de 1990, el apoyo a la máxima pena ha caído 56%, según datos de abril del Pew Research Center.
Nebraska es una prueba de esa tendencia. En la actualidad, 10 hombres esperan en el corredor de la muerte de este estado, después de que un preso muriera el pasado domingo de un cáncer cerebral. Nadie ha sido ejecutado en Nebraska desde 1997. Otros asuntos sociales, como el aborto o los matrimonios del mismo sexo, viven una experiencia similar, con cada día más estadounidenses definiéndose a favor de ambos.
Las razones detrás de la abolición en Nebraska atienden a motivos prácticos, financieros y religiosos, con algunos senadores republicanos declarando que atienden la llamada de los líderes de la Iglesia católica que se oponen a la pena de muerte. En 2013 Nebraska perdió la capacidad para ejecutar presos debido a la falta de uno de los tres componentes necesarios para acabar con la vida del condenado mediante la inyección letal, lo que hizo que parte de los legisladores se cuestionasen la viabilidad del método. Además, la pena de muerte es un castigo irreversible en un terreno sujeto a la falibilidad, como han probado las pruebas de ADN exonerando a más de 150 personas desde 1973.
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