No soy una persona de hábitos arraigados. Algunas veces, en las mañanas, mientras me alisto para salir a trabajar, escucho música para inspirarme. Aunque no me considero un gran conocedor, me gusta escuchar la ópera Turandot de Giacomo Puccini, estrenada en 1926, que contiene una pieza musical (aria) denominada Nessum dorma (cuya traducción es: “que nadie duerma”). Lleva el nombre de una princesa china que decapitaba a sus pretendientes si no le respondían tres adivinanzas. Un príncipe incógnito, llamado Calaf, le responde asertivamente y la reta a que sea ella la que descubra su nombre. Ante este desafío, Turandot ordena “que nadie duerma” hasta que conozcan la identidad nominativa del arcano personaje.
Haciendo un parangón metafórico, tomando en cuenta que en la actualidad está en la palestra el tema de reformas constitucionales, generándose discusiones sobre la vía más apropiada y/o sobre el contenido más adecuado, conviene prestar atención ciudadana y estar en modo nessum dorma, cuidadosos de no caer en una indiferencia negligente de la cual luego guardemos resaca moral.
Bien pudiéramos asemejar el llamado de Turandot como el deber cívico alentado por la Patria en buscar las respuestas que se necesitan (simbolizado en la búsqueda de Calaf) que le permita al país tomar la mejor decisión en cuanto al contenido de estas reformas, en aras de la transformación institucional y garantía de una evolución social y democrática.
Ahora bien, “que nadie duerma” significa, a la vez, “que nadie nos duerma”. Es absolutamente necesaria la participación y la inclusión en la discusión de todos y todas, sin descalificaciones, menosprecios o sectarismo. Sería un terrible error que algún sector se sienta con un sentido de pertenencia de la razón y la verdad.
Sin lugar a dudas, un tema ineludible es la reforma a los poderes del Estado, entre estos el judicial, que permita dotarlo de efectividad, eficiencia, transparencia y desarrollo. Como usuario que fui de la administración de justicia durante casi 30 años de ejercicio profesional, otrora ante los tribunales, tengo una visión de lo que debe ser este servicio público y puedo reconocer que no es opcional, sino obligatorio, hacer los cambios.
Una actitud responsable y madura debe ser aceptar lo impostergable, que es repensar, recomponer y reincorporar esta vital institución democrática para devolverle confianza, de suerte que coadyuve con la competitividad del país fuera de sus fronteras y la paz social a lo interno.
Con esta misma convicción debo acotar que no parece ser sano que el contenido de las reformas no cuente con la opinión y participación de los actores de la institución a transformar, a riesgo de generar inconsistencias e incoherencias. Sin soslayar que podemos dejarnos atraer por el espejismo de solución mágica con solo atender la forma de nombrar a los magistrados de la Corte Suprema de Justicia, cuando se trata de un problema estructural que debe ser avizorado holísticamente.
Por ejemplo, en el abordaje del juzgamiento cruzado entre diputados y magistrados (yo te juzgo, tú me juzgas), voceros de la Concertación Nacional han dicho que la solución es mediante la creación de un Tribunal Constitucional, que no solo tendrá facultad jurisdiccional de ver casos constitucionales (lo cual es necesario), sino que serán los que juzguen a los magistrados de la Corte Suprema (Ver Artículo Nuevo 6 numeral 7 y Artículo Nuevo 7). No obstante, la pregunta sería: ¿y quién juzgará a los magistrados del novedoso Tribunal Constitucional? De la lectura del proyecto de la subcomisión jurídica de la Concertación se alcanza a leer que será la Asamblea Nacional, con lo cual se mantiene la misma situación que se quiere eliminar (Ver Artículo Nuevo 3).
Desde mi punto de vista, valdría que se analizara la creación de un Tribunal de Aforados, que se encargaría de juzgar a diputados, magistrados de la Corte Suprema de Justicia, del Tribunal Electoral, del Tribunal de Cuentas, Contralor de la República, Fiscal Electoral, Fiscal de Cuentas, Procurador de la Nación, Procurador de la Administración, Defensor del Pueblo, los magistrados del Tribunal Constitucional, al crearse, entre otros. Este Tribunal de Aforados pudiera estar conformado por un representante de cada una de las instituciones donde se desempeña el funcionario con el fuero. Esto le daría balance, representatividad y equilibrio, sin perjuicio de mejores aportes para su conformación.
Convendría, también, tomar en cuenta el esfuerzo que hizo la Comisión de Notables, que presentó un proyecto de Constitución en el año 2012, y repasar iniciativas como la Comisión Nacional de Evaluación y Postulación (Art. 384) para el nombramiento de los magistrados y el Consejo Superior de la Judicatura (Art. 377), con fines administrativos.
En fin, mientras que algunos quieran seguir tratando de resolver las adivinanzas de Turandot, yo seguiré atento, esperanzado no tener que escuchar ahora la canción Al lado del camino, de Fito Páez, donde no quiero estar.
El autor es magistrado de la Corte Suprema de Justicia