Vivimos en un país presidencialista. Esa parece ser la conclusión a la que siempre hemos llegado cuando analizamos nuestra democracia. Sin embargo, algo parece haber cambiado en este período presidencial a partir de la no ratificación de las candidatas a magistradas enviadas por el Consejo de Gabinete a la Asamblea Nacional.
Los gobiernos panameñistas siempre han tenido minoría en la Asamblea, pero siempre se las han ingeniado para llegar a “acuerdos de gobernabilidad” que les han permitido pasar las leyes que han presentado, nombrar al contralor de su preferencia, aprobar sus presupuestos anualmente y ratificar a sus magistrados designados.
Este acuerdo de gobernabilidad se rompió, y con él, el “presidencialismo excesivo” del que siempre nos hemos quejado. Ahora las leyes, la ratificación de los magistrados designados y hasta el presupuesto del Estado para 2019, parecen estar detenidos o en una “negociación transaccional”.
Además, los diputados se han tomado el control de los principales partidos políticos, y su apoyo ha sido determinante en la elección de los candidatos presidenciales en las primarias de los partidos.
En la mitad de esta relación enferma entre el Órgano Ejecutivo y el Órgano Legislativo está el presupuesto de la Asamblea. En el gobierno de Ernesto Pérez Balladares (1994-1999) se implementaron las partidas circuitales, un mecanismo para que los diputados “resolvieran” problemas en sus comunidades, problemas que debe resolver el Órgano Ejecutivo.
El monto destinado a las partidas circuitales en ese período fue de 217 millones de dólares. No es casualidad que en las siguientes elecciones, el porcentaje de diputados reelectos fue del 42%, muy por encima del 15% de reelección que lograron los diputados en 1994. Este porcentaje de reelección solo fue superado por el 55% de diputados reelectos en 2014, después de que el gobierno de Ricardo Martinelli (2009-2014) destinara 400 millones de dólares en traslados a juntas comunales, monto que fue manejado por los diputados.
Los diputados necesitan del presupuesto para garantizar su reelección y harán lo que tengan que hacer para conseguirlo, así sea deteniendo la aprobación del presupuesto de 2019, con todas las consecuencias que eso traería a los servicios que el Gobierno debe brindar al ciudadano. Al final, es la calidad de vida de los ciudadanos la que se verá afectada.
Es por esto que debemos rechazar la reelección de los diputados. Necesitamos que se enfoquen en su función constitucional de legislar y fiscalizar. Mientras los diputados sigan preocupados por garantizar su propia reelección, seguirán buscando el camino del clientelismo en detrimento de nuestra democracia.
Hasta que no logremos cambiar la manera como se eligen los diputados a través de una reforma a nuestra Constitución, con el objetivo de llevar a la Asamblea a los mejores hombres y mujeres, debemos gritar todos juntos #NoALaReelección.
El autora es miembro de Movin y conductora de ‘Sal y Pimienta’.