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Noviembre roto

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Panamá es una nación con derecho a ejercer poder absoluto. Es decir existir para su propio desarrollo, bienestar y convivencia universal de acuerdo con sus convenios internacionales. Esto fue el gran avance de las reformas constitucionales de 1983: Artículo 4. La República de Panamá acata las normas del Derecho Internacional.

Una norma es la igualdad soberana de los Estados, otra norma es la libre disposición de sus recursos y otra norma es “los pactos se hacen para cumplirlos”.

Todo esto lo presento como una reflexión sobre lo que la Constitución llama el principal recurso patrimonial inalienable: Artículo 315. El Canal de Panamá constituye un patrimonio inalienable de la Nación panameña.

La primera conclusión es que el patrimonio canalero es de la nación panameña y no de los usuarios del Canal. Es decir que la lógica financiera determina que los ingresos del Canal son de libre disposición del Estado panameño, claro está que entre sus responsabilidades está garantizar lo que la misma Constitución le señala: permanecerá abierto al tránsito pacífico e ininterrumpido de las naves de todas las naciones.

La gran morosidad pasados 20 años de la reversión es el inexistente presupuesto canalero de producir el mayor producto financiero posible en forma tal de alimentar el siempre deficitario fisco nacional. Por ejemplo, qué significa que el Canal produzca electricidad, produzca renta por asuntos de turismo, venta de servicios portuarios, atención portuaria; ¿no sería esto un poderoso incentivo para aumentar los llamados excedentes del Canal, manteniendo el criterio que los peajes son el costo de tránsito y lo demás, un ingreso fiscal, necesario para la operación y viabilidad del Estado panameño?

Que el Canal por razón del tratado de Neutralidad y Funcionamiento esté restringido a no producir renta sustituta, ni a ser considerado como parte del presupuesto de ingreso del gobierno central es lamentable y expresión de nuestra soberanía rota en el área canalera. No obstante, el Canal es una erogación exorbitante del presupuesto central. Por ejemplo, el puente de las Américas, el cuarto puente y cualquiera carretera o túnel que se proyecte para mantener la interconexión entre las riberas del Canal es para garantizar el tránsito fluido y expedito de las naves. Sus costos y su mantenimiento es del Canal y no debe ser, como está ocurriendo, desde la firma de los Tratados, parte del presupuesto de funcionamento, mantenimiento e inversión del gobierno central. En una conversación sostenida con exempleados de la Autoridad del Canal, se me preguntó si yo creía que el Canal era manejado por la discreción permisiva de Estados Unidos y en este caso más que patrimonio inalienable panameño era una usurpación financiera enajenable, que Estados Unidos se reservaba a utilizar a conveniencia. Contesté, inmediatamente, que el Canal no es panameño, ni en lo económico ni en lo militar. Antonio Cortés y Domingo González, estudiosos panameños, publicamos dos libros al respecto: “ Panamá, nación sin Estado” en 2014 y “ Bajo el yugo de dos tratados” en 2017.

Estos libros polémicos tratan de esclarecer la paradoja histórica de una sociedad la panameña que fue marcada en 1846 en la época de la Nueva Granada y que volvió a ser marcada por el liberalismo en 1923, cuando el Gobierno panameño acepta el tratado Thompson–Urrutia. Esta tesis histórica trata de demostrar que Panamá se ha visto, por sus tipos de gobernantes y por su condición geopolítica, sometida a un destino de soberanía no asumida libremente –noviembre roto– que no ha podido superar a pesar de su marcha por la liberación que ya dura casi dos siglos.

Este tipo de reflexión está tomando cuerpo y ya forma parte del sentir nacional, por lo menos, en el tema de las banderas. Lo decía Justo Arosemena, en la segunda mitad del siglo XIX: “Las banderas que ondean en puertos panameños no son nuestras”. Esta vivencia se tiñe de sangre el 9 de enero de 1964 y, anacrónicamente, vuelve a tomar fuerza cuando el Gobierno panameño duda si permite que la bandera china se coloque a la entrada o salida del Canal de esclusas.

Llegó la hora en que en toda la geografía nacional se despliegue la patriótica bandera panameña junto a la bandera de Naciones Unidas, como reconocimiento de que somos un país neutralizado bajo la protección de todos los pueblos del mundo. En este aniversario de independencia el panameño debe asumir la globalización de nación comprometida con los principios universales de justicia y paz, y entrar a debatir la conveniencia de una denuncia del tratado de Neutralidad y Funcionamiento.

El autor es filósofo y abogado

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