Una expedición parecida a la que tuvimos en los tiempos de la colonia española, con el mismo germen de la avaricia que tuvieron corsarios, piratas y filibusteros, ha llegado subrepticiamente a Panamá y a más de 50 países para imponer el nuevo orden económico mundial.
Y es que los Wikileaks han puesto al descubierto la existencia de una serie documentos procedentes de negociaciones secretas que adelantan un bloque de países aliados de Estados Unidos, Japón y la Unión Europea para aprobar en secreto el acuerdo internacional de comercio de servicios (TISA, por sus siglas en inglés). Con este, se pretende liberalizar y desregularizar los servicios públicos, eliminar su naturaleza pública y convertirlos en un gran negocio para las multinacionales.
Con ello, los Estados no solo habrán perdido la titularidad de los servicios públicos, sino su propia soberanía, ya que lo que se privilegia en este nuevo orden económico son los negocios, y estos acuerdos una vez se constituyan en tratados, tendrían rango supranacional, es decir, efectos jurídicos que estarían por encima de las constituciones y legislaciones nacionales.
Luego, entonces, la capacidad de los Estados para ejercitar reclamaciones jurídicas contra estos tratados se vería ampliamente disminuida en caso de controversias con el capital, porque las controversias serían dirimidas bajo la figura y reglas del arbitraje internacional, Sin embargo, no existen árbitros absolutamente neutrales.
¿Cómo afectan concretamente estos acuerdos a los trabajadores? Con ellos se pretende liberalizar y desregular con criterio mercantil los servicios de naturaleza pública, como agua, transporte, salud, educación, electricidad y telecomunicaciones, entre otros, que se encarecerían drásticamente, sin que se pueda hacer nada para impedirlo. El objetivo es desmantelar lo que queda del Estado social.
Quienes abogan por el TISA sostienen que lo que se aspira con este acuerdo es brindarle garantías de política económica al capital (dentro de una sociedad capitalista) y que no haya discriminación en las gestiones de negocios en los países.
No obstante, en Panamá, organizaciones sindicales y sociales, como la Federación Nacional de Servidores Públicos (Fenasep), y fundaciones y oenegés, como la Unión Nacional de Consumidores (Uncurepa), con el apoyo de la Fundación Friedrich Ebert, realizan foros permanentes con trabajadores e investigadores para precisar cómo incide el TISA, por ejemplo, en el elemento agua, en las actividades del Canal y en otros servicios públicos que impactarán a la sociedad panameña.