JUECES DE PAZ

Nuevo modelo de justicia comunitaria

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Atreviéndome a parafrasear a Gandhi en el título del presente artículo con su célebre frase: “No hay camino para la paz, la paz es el camino”, quiero hacer una pequeña reflexión sobre el nuevo modelo de justicia de paz comunitaria que se imparte en cada una de las comunidades del distrito capital y, próximamente, a partir de junio de 2018, en el interior del país.

Cuando estudiaba derecho, hace más de 20 años, se me presentó la oportunidad de ser corregidor de policía del corregimiento de Parque Lefevre, y lo pensé mucho antes de aceptar el cargo, en donde sojuzgaba un sistema de justicia lenta, tardía, inoperante y corrupta, pero soy un convencido de que los cargos los hacen las personas y cada uno de nosotros podemos ser agentes de cambio.

Al aceptar el reto, estaba convencido de iniciar los pasos para mejorar el sistema de justicia, de manos del maestro Ulises Pittí, al cual debo mis primeros conocimientos en mediación, sin embargo, cuando me llegaba un indigente de manos de un policía por actos inmorales en la vía pública o cuando había litigios por actos unipersonales de delitos menores, comprendía lo difícil que era la función judicial sin recursos y con un despacho que funcionaba con donaciones de la sociedad, ante la crítica constante de la comunidad por lo ineficaz del modelo de justicia.

Cuatro lustros después y con un nuevo modelo de justicia comunitaria, ahora los jueces de paz conocerán otro tipo de delitos, como apropiación indebida y el hurto, con un aumento de la cuantía hasta los mil dólares y no existe en ningún municipio un instituto para el tratamiento de los casos de los indigentes, frente a una sociedad cada vez más conflictiva, menos tolerante y violenta, que a nuestro juicio es contraria a la cultura de paz que promueve el nuevo sistema, el cual incentiva la resolución de conflictos de una manera jurídica, es decir, litigiosa y no pacífica.

Frente al escenario que vivimos, no se trata solo de un cambio de nombre de un local, que antes se llamaba corregiduría, a “casa de justicia comunitaria”, es algo más profundo e integral, pues se criticaba la figura autoritaria del corregidor, su falta de estabilidad en el cargo, la inexactitud de procedimientos, cuando tras dos meses de la implementación del nuevo modelo mantenemos los mismos problemas de hace cuatro lustros.

Este año entra en vigencia la Ley 16 del 17 de junio de 2016 y a pesar de que fue suspendida por el término de seis meses, aún no hemos iniciado la tarea de convivir en paz, responsabilidad que tenemos todos y, sin temor a equivocarme, se implementó el sistema igual que el penal acusatorio, sin los recursos, la cultura ni la preparación del modelo.

El paso que hemos dado como país, con un nuevo sistema de justicia administrativa de paz en las comunidades es positivo, priorizando la utilización de herramientas conciliatorias con la innovación del diálogo para la solución de los conflictos, pero es importante colaborar todos juntos para fortalecer los mecanismos y fomentar una cultura de paz, con políticas públicas establecidas garantizando a todos los ciudadanos un acceso a la justicia comunitaria de calidad, en buenas instalaciones, donde se actúa con integridad y transparencia.

El autor es abogado y decano de Derecho en la UIP

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