Los panameños cada día nos levantamos con la esperanza de que la justicia tenga un giro de 180 grados, para que se corrijan de una vez por todas las irregularidades que diariamente afectan la institucionalidad de los tres órganos del Estado, y la imagen que proyectamos de país con una administración pública corrupta. Es común ver cómo los políticos de turno pregonan sus discursos haciendo ver que Panamá tiene un crecimiento económico que envidia cualquier país del mundo, pero no se evidencia que, gracias al endeudamiento que crece a pasos agigantados y a políticas que cada día desprotegen más al productor nacional, estamos heredando a nuestros hijos una economía endeble, fracturada y expuesta a grandes riesgos, como lo ocurrido a Grecia y últimamente a Puerto Rico.
El Estado es una gran empresa que tiene su capacidad económica condicionada al producto interno bruto que genera, no se puede gastar más de lo que recibe y, si lo hace tiene que ser financiándose responsablemente para obras que reactiven el proceso productivo. El respaldo que ofrecen los aportes del Canal ha sido la caja de pandora que los últimos gobiernos han tomado para sustentar las megaobras que terminan con sobrecostos que superan el 40%, y quizás más al valor inicial del proyecto debido a acciones preconcebidas para disfrazar actos de corrupción que tarde o temprano salen a la luz pública. Esta desleal práctica se hace cada vez más común, gracias a que se ha institucionalizado en toda la esfera estatal, y con la triste seguridad de que no existen visos de corrección, puesto que en los más altos niveles jerárquicos de los órganos del Estado están enquistados los más grandes detractores de este proceder nefasto que se aplica en todos los procesos de gestión pública, sobre todo en los proyectos de inversión, entiéndase desde la planificación, ejecución, supervisión y control del proyecto.
La ciudadanía está harta de las escenas circenses de nuestras autoridades, diariamente nos incorporan un escándalo más que debe ser dirimido por los entes de justicia, en los que no existe el mínimo atisbo de confianza, y menos aún en una Corte Suprema de Justicia que actúa como el avestruz, declinando casos bajo el argumento de impedimento de votos, ausencias por razones personales, el caso debe resolverse en otra instancia judicial, la famosa falta de prueba idónea, que aparentemente no existe en este país. En fin, cualquier subterfugio que pueda engavetar el caso, mientras el ciudadano común, con el estrés al que ya nos han acostumbrado, esperando ver con qué argumento absurdo se declina el caso.
De qué ha servido la descentralización de los fondos del impuesto de inmuebles si a lo largo de la geografía nacional encuentras rótulos anunciando el uso de estos fondos en obras con sobrecostos bajo la mirada cómplice de la Contraloría General de la República, que a través del control previo y control posterior, materializan estos hechos delictivos.
La corrupción se ha generalizado, es un cáncer en etapa metastásica, no existen valores, nos encontramos indefensos, el país va hacia un abismo del cual no vamos a poder salir. Giramos en un círculo vicioso, en el que no se aplica la justicia para los corruptos de traje y corbata, existen las leyes, algunas con ciertos entuertos, pero ¿quiénes la van a reformar?: los diputados, que están más interesados en crear más planillas, o el Ejecutivo, que tiene enquistada en sus entidades públicas a una caterva de asesores embotellados con salarios cuyos montos podrían resolver muchos problemas sociales de los más marginados de este país. Hemos perdido posicionamiento en los índices de competitividad, cada día la burocracia entorpece más la iniciativa privada, como contribuyentes, nos cuesta tener iniciativa de inversión para no seguir alimentando a este monstruo.
No deseamos ver a Panamá en el espejo de Venezuela y menos aún en el de Nicaragua, los colectivos políticos y la ética individual de cada representante de estos grupos deben velar por la creación de políticas de Estado con una visión de promover valores que beneficien a la sociedad en general, los gobiernos deben ser de leyes más que de hombres y el horizonte de todo político debe tener como expectativa que servir a la humanidad es la mejor obra de una vida.