Los próximos tres meses serán decisivos en la política de los países vecinos, y los desenlaces que se produzcan sobre ese período tendrán implicaciones para la estabilidad regional.
En los comicios costarricenses del 4 de febrero, ninguno de los candidatos alcanzó la proporción de votos necesaria para acceder a la presidencia (40%), por lo que el 1 de abril habrá una segunda vuelta electoral para decidir el ganador entre los dos aspirantes más favorecidos. Estos son Fabricio Alvarado Muñoz, del Partido Restauración Nacional (PRN, oposición), y Carlos Alvarado Quesada, del Partido Acción Ciudadana (oficialista).
Se prevé que el candidato gubernamental, Alvarado Quesada, recibirá el apoyo de los partidos tradicionales (PLN, socialdemócrata y PUSC, demócrata cristiano), ambos bastante menguados, en el afán por derrotar a Alvarado Muñoz, quien lidera un grupo de reciente creación, apoyado por sectores evangélicos, cuya propuesta para 2018 se concentra casi exclusivamente en el rechazo al matrimonio igualitario.
Para beneficiar a un régimen cada vez más corrupto, represivo y arbitrario, en Venezuela el organismo electoral dispuso adelantar la fecha de los comicios presidenciales. Recientemente, se ha indicado que la votación ocurrirá el 20 de mayo (El Nacional, 1 de marzo).
Participarán el presidente Maduro, elegido fraudulentamente en 2013, y algunos otros candidatos, pero los principales grupos opositores han anunciado que no concurrirán a las urnas. Si la decisión se mantiene, se da por sentado el “triunfo” oficialista y la continuación de un gobierno autoritario y venal, desestabilizador de la región y causante de una grave crisis humanitaria.
Colombia renovará su Congreso Nacional el próximo domingo (11 de marzo), mediante elecciones caracterizadas por la participación de candidatos vinculados al crimen organizado. Los narcos congresistas seguirán dando que hablar en Colombia, donde la política electoral opera, en gran medida, a base de clientelismo y prebendas.
El 27 de mayo se llevarán a cabo los comicios presidenciales. A la fecha, hay 12 aspirantes (El Tiempo, 4 de marzo). Como se espera que ninguno conseguirá la mayoría absoluta de votos que se requiere para alcanzar la presidencia, lo más probable es que se irá a una segunda ronda electoral, prevista para el 17 de junio.
Habría, entonces, que esperar hasta esa fecha para saber quién gobernará en nuestro vecino al sur durante el próximo cuatrienio. Se predice que los comicios presidenciales se polarizarán entre la izquierda y la derecha, probablemente entre Gustavo Petro—simpatizante de la extinta guerrilla M-19 y alcalde de Bogotá (2012-2016), donde su administración fue desastrosa—e Iván Duque, abanderado del Centro Democrático (CD), agrupación liderada por el expresidente Álvaro Uribe.
El panorama electoral descrito presenta características importantes para analizar. Es evidente el derrumbe de los partidos tradicionales, especialmente en Venezuela—donde su extrema corrupción e incompetencia dieron paso, tras 40 años de partidocracia, a la dictadura de Chávez y Maduro—pero también en Colombia y Costa Rica.
En ambas sociedades, el descrédito del bipartidismo, por décadas vigente, ha llevado a un escenario de candidaturas personalistas y nuevos partidos sin raigambre, doctrina o seriedad. Este fenómeno tiene consecuencias para el sistema democrático que aún no se exploran adecuadamente.
Los procesos comiciales de nuestros vecinos también arrojan luz sobre las motivaciones de los votantes. En Venezuela y Colombia, el clientelismo y la corrupción continúan estimulando la participación de los sufragantes, aunque en Colombia estas fuerzas ejercen menor influencia en los comicios presidenciales que en las votaciones para congresistas y gobiernos locales (las cuales tendrán lugar en 2019).
En Costa Rica, donde hay menos vicios electorales, la política parece haberse reducido a un debate monotemático sobre la sexualidad personal, con previsibles consecuencias para la gestión pública. Con fundamento en motivaciones simplistas, cada vez más difundidas, se corre el riesgo de elegir a gobernantes ineptos, autocráticos y con poca o ninguna formación cívica, cuyo desempeño empeoraría la calidad de la administración pública y las condiciones políticas en la más longeva, estable e institucionalizada de las democracias latinoamericanas.
Los fenómenos observables en Costa Rica, Venezuela y Colombia están presentes en Panamá, donde en un contexto de exagerado clientelismo, corrupción desaforada y pandillerismo político comienza a incursionar el fundamentalismo religioso como criterio electoral. Esta extraña combinación de factores puede producir desenlaces inesperados y, posiblemente, inconvenientes en mayo de 2019.
El autor es politólogo e historiador y director de la Maestría en Relaciones Internacionales en Florida State University, Panamá.