Derecho internacional

El Parlacen, la Corte Suprema y el caso Martinelli

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Cómo decidirá el pleno de nuestra Corte Suprema de Justicia un recurso de amparo de garantías constitucionales, presentado por la defensa del expresidente Ricardo Martinelli en su proceso judicial por aparentes escuchas telefónicas, relacionado con la competencia de la propia Corte en el caso, es simple especulación. Pero ante la expectativa general de que esa trascendental decisión sea adecuadamente sustentada con normas aplicables tanto de derecho interno como de derecho internacional, es indispensable considerar el importantísimo rol que este último juega en dicho proceso.

La competencia de la Corte está siendo cuestionada mediante recurso de amparo porque el expresidente, según alega la defensa, ha renunciado al cargo de diputado centroamericano, y así como integrante del denominado Parlamento Centroamericano (Parlacen), un organismo regional sin facultades legislativas con sede en la ciudad de Guatemala. Este cargo existe -junto con el derecho que Martinelli ha tenido de ejercerlo y renunciarlo- no por causa de lo que establezca de manera particular alguna ley de la República de Panamá, sino única y exclusivamente gracias a lo dispuesto en un tratado internacional.

El referido acuerdo multilateral es el Tratado Constitutivo del Parlacen, firmado en 1987, pero no suscrito ni aprobado por Panamá hasta 1994. El tratado sufrió sustanciales modificaciones a través del protocolo de San Salvador, de 2008, que a pesar de no contar con la ratificación de Panamá, entró en vigencia para todos los Estados miembros en 2010. El artículo 1 del protocolo define al Parlacen como “un órgano regional y permanente de representación política y democrática del Sistema de la Integración Centroamericana”.

Por ende, al pleno de la Corte le cabe la tarea de examinar con profundidad si, a la luz del derecho internacional, esa renuncia es válida e idónea para producir efectos jurídicos en el sistema legal panameño.

El artículo 5, literal “f”, del protocolo de San Salvador, exige que la juramentación de altos cargos del sistema, incluyendo a los diputados centroamericanos, debe realizarse “ante la Asamblea plenaria” del Parlacen. Esta exigencia es reiterada de manera expresa en el artículo 21 del reglamento interno del organismo.

Sin embargo, el expresidente Martinelli juró el cargo con inusual prisa la noche del 1 de julio de 2014, durante una sesión, sin quorum, de la junta directiva del Parlacen. Como en los años siguientes Martinelli solo asistió una vez más al Parlacen, y eso a un solo día de sesiones de la Asamblea plenaria, en enero de 2015, jamás hubo la oportunidad de que su juramentación fuera corregida, para efectuarse, como era debido, ante la Asamblea plenaria.

De acuerdo con el artículo 28 del actual Reglamento Interno del Parlacen, solo pueden renunciar a su calidad de diputados centroamericanos los expresidentes que hayan sido “debidamente juramentados”, lo cual Martinelli nunca logró ser. De allí que la “renuncia”, irrevocable o no, de un expresidente que no haya cumplido con ese requisito fundamental, es inválida y fácilmente anulable por la Asamblea plenaria del Parlacen a petición de parte interesada.

Sería bastante embarazoso para la Corte Suprema, así como contrario a los principios que deben regir a nuestro sistema de justicia, eventualmente declinar su competencia en el caso, sin tomar en cuenta el derecho internacional aplicable a la supuesta renuncia alegada por la defensa.

Esto, a riesgo de que Martinelli pueda regresar a su llamada “cueva de ladrones” como diputado centroamericano, a poco tiempo de que la Corte tomase una decisión favorable al recurso de amparo, luego de que su renuncia, anulable como es, hubiera sido revocada por autoridades centroamericanas en Guatemala.

El autor es abogado y doctor en derecho internacional

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