La educación pública es la madre que, a pesar de todos nuestros desaciertos y errores, nos sigue queriendo, aceptando y formando. O cuando menos así debiera ser.
Columna vertebral de las sociedades del siglo pasado, la educación pública fue el ingrediente que permitió y fortaleció el desarrollo cultural, social, político y económico de los sectores menos favorecidos de la sociedad que, hasta ese momento permanecían excluidos del proceso de enseñanza-aprendizaje y su consiguiente aporte al desarrollo patrio.
El Panamá de hoy sería imposible sin la educación pública, baluarte y pilar en la formación de hombres y mujeres que, entre muchos aportes, dignamente contribuyeron a la restitución e incorporación de todo lo que implicaba la antigua Zona del Canal. Así, el primer paso de la nueva República en materia educativa fue la adopción de los principios constitucionales y legales por los cuales empezó a regir el sistema educativo nacional (Ley No. 11 del 23 de marzo de 1904 de Instrucción Pública). Es de este modo que, por mucho tiempo, todos los sectores de la población se “mezclaron” en las escuelas públicas recibiendo una educación equilibrada, de calidad y sin las marcadas diferencias sociales propias de un pasado no muy distante, casi olvidado, pero que desafortunadamente se enraíza en el presente.
Debatir acerca de la importancia de la educación pública es de alguna manera escudriñar luz en la oscuridad en la que la hemos abandonado. La sola idea de ¿qué hacer? para de alguna manera auxiliarla y por ende formar mejores ciudadanos, resulta ser la fuerza motora que debe empujar el actuar de nuestros gobernantes.
Pero: ¿cómo enfrentar éticamente las realidades del cambiante mundo de hoy? cuando la institucionalidad en los órganos del Estado llamados a ejercer el poder administrativo, legislativo, coercitivo y judicial; supuestos guardianes de los elementos que procuran una sana convivencia brillan por su ausencia, o son parte de una justicia selectiva en donde lo económico se sobrepone a la justicia, desconociendo olímpicamente el mandato establecido en el artículo 17 de la Constitución Política, que indica que: “Las autoridades de la República están instituidas para proteger en su vida, honra y bienes a los nacionales dondequiera se encuentren y a los extranjeros que estén bajo su jurisdicción; asegurar la efectividad de los derechos y deberes individuales y sociales, y cumplir y hacer cumplir la Constitución y la Ley. Los derechos y garantías que consagra esta constitución deben considerarse como mínimos y no excluyentes de otros que incidan sobre los derechos fundamentales y la dignidad de la persona”.
Pues bien, la tesis que se plantea es que la inversión y transformación en la educación pública es la única forma de enfrentar con posibilidades de éxito los problemas que nos atragantan con hartas posibilidades de enterrarnos (seguridad, corrupción, salud, pobreza).
El nuevo siglo (XXI) llegó con premio, pues vino acompañado del Canal, toda la infraestructura relacionada y su consiguiente incorporación al orden territorial, legal y económico del país. El vigente presupuesto general del Estado se ha visto incrementado en un 479% con respecto al del año 1999 ($23,669,270,825.00 versus $4,940,606,900.00) y si bien en la actualidad, Panamá se encuentra entre las economías más pujantes del continente, su crecimiento económico ha contribuido muy poco a la reducción de la pobreza y la desigualdad social.
Habiendo recuperado la quinta frontera, la única manera de conquistar la sexta, léase pobreza y desigualdad, es rescatando la educación pública, que además rompe con el estigma de que solo los adinerados pueden acceder a una educación de calidad.
“La educación es nuestro pasaporte para el futuro, porque el mañana pertenece a la gente que se prepara para él, en el día de hoy”. Malcolm X
El autor es miembro de la Fundación Libertad