Los Estados desarrollan con su política tributaria diferentes instrumentos fiscales con la finalidad de garantizar su funcionamiento. Dentro de esos instrumentos, los “impuestos” juegan un rol fundamental para la sostenibilidad de los ingresos tributarios y, en la mayoría de los países, son la fuente principal del financiamiento del presupuesto público.
En el informe sobre las “Estadísticas tributarias en América Latina y el Caribe del 2016” de la OCDE y el CIAT, se destaca que el promedio de la recaudación tributaria sobre el PIB en la región representa 22.7%, donde el Impuesto al Valor Agregado (IVA) representa 29.3% de los ingresos tributarios totales, seguido por los impuestos a las rentas, utilidades y las ganancias, los cuales representan 27.3% de los ingresos totales. Esto significa que la tributación indirecta es la fuente principal de los ingresos tributarios en América Latina, y que los sistemas tributarios latinoamericanos tienen un marcado sesgo regresivo, dado que este impuesto grava a todos los ciudadanos sin importar su capacidad contributiva.
Ahora bien, este informe señala que la recaudación tributaria ha venido aumentando en América Latina y el Caribe en los 20 últimos años, producto de la implementación progresiva del Impuesto al Valor Agregado. Sin embargo, y a pesar de la implementación de este impuesto en varios países, los niveles de recaudación en América Latina y el Caribe siguen siendo bajos cuando se comparan con los promedios de recaudación de los países de la OCDE. Además, es importante señalar, de acuerdo con la CEPAL la evasión fiscal superó el 6.3% del PIB en 2017, lo que equivale a una cifra de 335 mil millones dólares. Asimismo, la CEPAL sugiere la eliminación de los incentivos fiscales en la región, que no contribuyan a la competividad.
Ante tal situación, algunos Estados en América Latina y el Caribe deberían replantear sus sistemas tributarios, con la finalidad de promover la eficiencia y progresividad recaudatoria, a través de los impuestos directos y los mecanismos de control fiscal que tengan como premisa disminuir los niveles de evasión fiscal. Para ello se requiere que los Estados sigan fortaleciendo los recursos humanos de las administraciones tributarias, sus sistemas de información fiscal, y que modernicen su legislación fiscal.
Para lograr esto, algunos países de la región han dotado de autonomía financiera y administrativa a las administraciones tributarias, y en algunos casos les han asignado recursos en función de los porcentajes de la recaudación tributaria. Esto permite a las administraciones tributarias desarrollar labores de inteligencia fiscal y continuar fortaleciendo su capital humano, lo cual contribuye a reducir el flagelo de la evasión fiscal.
Es importante destacar que en el informe sobre las “Perspectivas económicas de América Latina 2019: Desarrollo en Transición”, de la OCDE, se menciona la necesidad de perfeccionar la estructura de los sistemas tributarios para aumentar los ingresos tributarios y que estos sean la base para el desarrollo sustentable. Adicionalmente, se señala que la economía política de las reformas fiscales requiere de una estrategia integral para contrarrestar lo que denominan la “Trampa Institucional”, la cual hace que las instituciones no puedan atender las necesidades de los ciudadanos, ocasionando la desmotivación de un segmento de los ciudadanos de cumplir con el pago de impuestos, es decir, la afectación de la “Tax Morale”.
Por otro lado, en dicho informe se destaca que los países de América Latina y el Caribe deberían realizar reformas fiscales que fomenten la progresividad de sus sistemas tributarios, y que la implementación de esta progresividad impositiva tendría como objetivo contrarrestar los efectos regresivos de la imposición indirecta en la región.
Todo lo comentado representa un gran desafío para los países de América Latina y el Caribe, que obliga a realizar el diseño de políticas tributarias que incentiven el cumplimiento tributario voluntario y reduzcan los niveles de evasión fiscal. Los titulares de las finanzas públicas deberían desarrollar estrategias que fortalezcan sus sistemas tributarios, dado que ello incrementaría la recaudación tributaria y, por ende, los Estados dispondrían de más recursos fiscales para invertir en el “capital social”. Para ello, es necesario fortalecer las administraciones tributarias, como lo señala el informe sobre “Los impuestos como instrumentos de desarrollo”, del BID: “Ni el mejor código tributario tiene vida sin el apoyo de un organismo de recaudación”.
El autor es investigador asociado a la Universidad Paris Dauphine – PSL Research University