En países con probada responsabilidad ciudadana, la protección y conservación de los recursos naturales renovables y el ambiente recibe el respaldo institucional del Estado, por medio de la gestión de la administración pública y la empresa privada. Igual que la educación y la salud, alcanza niveles de prioridad y consideración colectiva. La materia ambiental se sitúa como estándar de referencia para evaluar el impacto ambiental, la calidad de vida y el equilibrio entre los diferentes ecosistemas, incluyendo el del máximo depredador, el hombre.
Hablar del ambiente y promover la responsabilidad compartida es enarbolar una bandera que involucra muchos intereses, siendo el político y económico los que mayores beneficios suman y agitan pasiones. Esto provoca que la parte medioambiental que rige la vida de las especies y sus ecosistemas pase a segundo o tercer plano, ignorando que el accionar indolente cotidiano deteriora el hábitat y precipita su exterminio como inquilinos pasajeros en este planeta.
Los futuros gobernantes deberían considerar la materia ambiental como tema de Estado y definir una política de integración para sumar a nuevos actores. Los gobiernos locales, a través de los municipios, siempre han sido buenos aliados. Empero, últimamente han distraído su atención a la protección del ambiente; pocos se han interesado en la educación ambiental comunitaria y menos por un departamento u oficina con técnicos de planta o de enlace institucional, como en algunas empresas privadas.
Lamentablemente, ninguna propuesta de los partidos políticos que aspiran a gobernar presenta en sus bases programáticas alguna estrategia para promover y fortalecer la política ambiental. Sin embargo, pregonan de manera proselitista la protección al medio ambiente como propuesta al clamor ecologista, sin el mínimo sustento técnico del tema, repercusiones y conocimiento de la estructura que conlleva una institución rectora del ambiente regentada por el Estado.
Todos, encabezados por ambientalistas, activistas, conservacionistas, ecólogos, grupos organizados y demás actores comprometidos con el medioambiente, deberíamos aprovechar la coyuntura preelectoral y exigir un debate que arroje un compromiso por parte de los futuros gobernantes, diputados y gobiernos locales, sobre la política a implementar en los próximos años, sin dejar de exigir seguimiento a los proyectos ambientales que funcionan y planes de manejo a aquellos que se encaminan a dar buenos frutos. Por que también los hay.
Entre los resultados que se persiguen, partiendo de la dinámica y el campo de acción que involucra labores por aire, mar y tierra, debería prevalecer la consecución de un mejor presupuesto para dinamizar una compleja labor que todavía roza con patrones culturales ancestrales. El recurso humano existe y está instruido; tal vez, el complemento de más y mejores herramientas con tecnología de punta facilite el trabajo y la prestación de un mejor servicio.
De la complejidad por el ordenamiento ambiental se desprende un desconocimiento y violación de las normas. De aquí que un segmento de la sociedad poco se interese por la competencia de los trámites para el debido proceso y el grado de responsabilidad que a cada quien le compete. Al parecer, el desarrollo de la culturalización nos va a tomar tiempo, por el momento fortalezcamos la educación ambiental a través del voluntariado, la responsabilidad social empresarial y las campañas de inducción y sensibilización en las escuelas y colegios.
La responsabilidad es compartida y más cuando los problemas ambientales están asociados a la información y a la desidia de los que precisamente viven y trabajan en el área. No siempre las afectaciones ambientales están asociadas a fenómenos naturales, a veces son consecuencia de alguna actividad antropogénica. Corresponde al Estado crear información veraz a través de promoción y educación ambiental. Y en consecuencia, gestionar una política ambiental, para bien o para mal, t ahora que estamos en ambiente político.
El autor es administrador público y docente.