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ÁREAS PROTEGIDAS

Presidente, cometen fraude en Coiba

Presidente, cometen fraude en Coiba

Durante su visita a Coiba expresó interés en fomentar un turismo sostenible; ahora, en su afán por complacerlo, el ministro de Ambiente, con alarmante deshonestidad, pone en peligro el futuro de la isla. Me explico con un recuento cronológico.

Primero aclaro: el Parque Nacional Coiba, distinguido por la Unesco como Patrimonio de la Humanidad, es regido por el Consejo Directivo de Coiba (CDC), con representación mayoritaria entre instituciones de gobierno, alcaldes de cuatro distritos adyacentes, científicos, académicos y oenegés, y es asesorado por un comité científico: Secretaría Nacional de Ciencia, Tecnología e Innovación (Senacyt), Instituto Smithsonian de Investigaciones Tropicales (STRI), Universidad de Panamá (UP), Autoridad de los Recursos Acuáticos de Panamá (ARAP) y Conservación Internacional (CI).

En 2017, el Banco Interamericano de Desarrollo (BID) prestó a Panamá $62 millones para impulsar un turismo verde, y el Ministerio de Ambiente crea Ecotur, con una distinguida junta directiva, que al poco tiempo renuncia por la “falta de transparencia y politiquería” del ministro.

En enero de 2018, el ministro oculta información alConsejo Directivo de Coiba para lograr el voto favorable a un nuevo Plan de Uso Público (PUP) que permitiría un desarrollo turístico controlado. No dijo lo que La Prensa destaparía unos días después, que la Presidencia licitaba un aeropuerto de $3.5 millones para la isla. El voto sin duda hubiera sido otro.

En marzo, sintiéndose excluidos de importantes decisiones, en un acto sin precedentes, el Consejo Directivo de Coiba solicita por escrito una reunión “urgente” al ministro para que “aclare” los proyectos que pretende realizar en Coiba.

En mayo el ministro visita el área de la pista con el CDC, pero le oculta que se gestaba un estudio de impacto ambiental (EIA) para dicha pista; resulta que era de categoría I, lo mínimo permitido. A los pocos días la Presidencia lo presenta y él lo aprueba en tan solo un día. En comparación con la Senacyt, que le exigieron un EIA categoría III, mucho más exigente, para una pequeña estación científica en la isla.

En julio, la Unesco le escribe al ministro: “Vemos con seria preocupación la expanción de la pista y su potencial impacto negativo…”, y “urge suspender el proyecto”.

El mismo mes, el Consejo Científico envía una carta al ministro llamando el EIA “débil y deficiente”, y recomiendan cambiar a un categoría III. La carta dice: “el proyecto [la pista] no presenta conexión con el nivel de turismo que se desarrolla en el área; el trabajo de campo se hizo en poco tiempo y solo en el área de la pista; no cumple con la aprobación de la Dirección de Áreas Protegidas; no hace referencia a disposiciones de la Unión Internacional para la Conservación de la Naturaleza (UICN) para EIA en sitios de Patrimonio Mundial; no realiza evaluación ambiental estratégica; no se hace referencia a estudios previos o vegetación presente; tiene observaciones limitadas de fauna y no nocturnas; no se incluyó un biólogo marino; no midió erosión sobre ecosistemas de arrecifes; no indica cómo se dará el manejo y gestión de combustible”. Sigue diciendo: “no aplica criterio sobre alteración de fauna vulnerable cuando es frecuente observar en el área de construcción a las guacamayas rojas, ave en peligro de extinción; no dicen cómo el personal que aterrice se conecta con el resto de la isla, ni frecuencia de vuelos o volumen de pasajeros en la fase de construcción y de funcionamiento; hacen afirmaciones sin las debidas bibliografías; etc., etc”. El ministro responde a estos expertos y científicos diciendo, con otra falsedad, que ellos no tienen competencia para evaluar EIA.

En agosto el ministro ofrece $300 mil a cada alcalde miembro del Consejo Directivo de Coiba para rellenos sanitarios en sus distritos. ¿Será para manipular su voto: quid pro quo?

En octubre, en el foro de la Cámara de Comercio “Ecoturismo en áreas protegidas”, la costarricence Ana Báez, experta en turismo sostenible, explicó la manera honrada y técnicamente correcta para desarrollar un Plan de Uso Público, y es aplaudida efusivamente, inclusive por el propio ministro que estaba presente —cinismo, porque él hace todo lo contrario —.

Señor presidente, la iniciativa de un turismo sostenible en Coiba es buena, pero su ministro, en vez de ser su consejero está tomando medidas apresuradas desconociendo la gobernanza del Parque Nacional Coiba, debilitando sus organismos técnicos, científicos y académicos en detrimento de la operatividad y futuro del parque.

Por más de un año el ministro no ha permitido la entrada al parque, ni da información cuando se le consulta; pero se filtran fotos de un tramado de trochas para automóviles, construcciones y tala de árboles, algunos de almendro, alimento para las guacamayas. Todo esto sin consultar con el Consejo Directivo de Coiba, el ente gobernante del parque.

Le comparto lo que muchos opinan: en Coiba existen instalaciones que se pueden mejorar, no es necesario construir más edificaciones ni aeropuerto, calles, ni hoteles, etc.; las comunidades vecinas, algunas dedicadas exclusivamente al turismo, han invertido y dan un excelente servicio a Coiba. Mire el ejemplo de isla del Coco en el Pacífico de Costa Rica, también antiguo penal y Patrimonio Mundial: no permiten construcción ni aviones y es meca turística, donde llegan miles generando muchos millones de dólares.

La guacamaya roja de Coiba, al igual que los panameños de muchas generaciones por venir, tienen el derecho de disfrutar las áreas protegidas como nosotros las conocemos hoy, libre de nuevas construcciones, abiertas a la exploración e investigación, con una naturaleza robusteciéndose.

El autor es arquitecto y presidente de la junta directiva del CIAM

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