Vuelve a discusión el “Pro Mundi Beneficio” que aparece en nuestro escudo nacional, que a similitud del “Panamá acata las normas del Derecho Internacional” del artículo 4 de la Constitución Nacional, vienen a hacer más daño que beneficios a los panameños.
Ciertamente, la percepción que originan tales frases son las propias de un epitafio más que un lema de soberanía del Estado, que llevan un eco del resabio colonial. Por estos epitafios hemos vivido y vivimos, ante propios y extraños, vergonzosas situaciones, discriminaciones, subjetividades y menosprecio por los panameños o por el panameño; prefiriendo al forastero, al producto extraño o lo extranjero.
La oligarquía panameña le da brillo a estas frases lapidarias cada vez que considere necesario demostrar su servilismo o claudicación ante los intereses económicos de las empresas transnacionales o los intereses hegemónicos de Estados Unidos, especialmente. Así, ha sido la historia, no solo de la sociedad panameña, sino de Latinoamérica.
Pero, ¿qué otra actitud se podía o se puede esperar de un Gobierno oligárquico como el de Juan Carlos Valera? En la historia patria constan muchos proyectos de tratados, que el pueblo rechazó, hasta con sangre, evidencian esta realidad servil. ¿Acaso los tratados de libre comercio no son otras pruebas del “Pro Mundi Beneficio”? No son los panameños los beneficiarios de concesiones mineras, portuarias, extensiones de terrenos, etc., y sus exoneraciones de impuestos y demás privilegios. ¿Y qué de aquel discurso del presidente Varela ante la Organización de las Naciones Unidas (ONU), a mediados del año pasado, en donde se alistaba (no él) a Panamá en una alianza antiterrorista y abría las fronteras panameñas a las migraciones provocadas por esos mismo terroristas pagados por Estados Unidos y la Organización del Tratado del Atlántico Norte (OTAN)? ¿Y, qué de las posiciones conspirativas contra Venezuela, aupada por Luis Almagro en la Organización de Estados Americanos (OEA)? Si bien, la Constitución le reconoce al presidente de la república la facultad para dirigir las relaciones internacionales o política exterior, ello no es una patente de corso para negociar la soberanía del Estado, y poner en peligro el principio de neutralidad y la vida de los conciudadanos.
Qué coincidencia que ayer el gobierno de Ernesto Pérez Balladares nos trajo de Marrakech el Convenio de la Organización Mundial de Comercio y sus pautas para los tratados de libre comercio, que en nada han beneficiado a Panamá (preguntemos al productor nacional); ahora, el gobierno de Varela nos trae, también, de Marrakech, Marruecos, el “Pacto Mundial para migración segura, ordenada y regular”, que el presidente firmó y que Panamá, según el árticulo 4 de la Constitución Nacional, “acata” tengan o no principio vinculante, le sean útiles o perjudiciales. La vicepresidenta y ministra de Relaciones Exteriores dijo que “este pacto no establece obligaciones vinculantes para los Estados que lo han adoptado... “Ni significa que la República de Panamá se obliga para adoptar este Pacto a hacer ni A ni B” (La Prensa 12/12/18), mientras las interrogantes surgen como ¿para qué se fue tan lejos a firmar un pacto o letras “sin ton ni son”? ¿Si el presidente firmó el pacto, lo adoptó o no? Si el pacto es una pieza del Derecho Internacional y Panamá lo firmó ¿lo acata o no? ¿O es una excepción a lo dispuesto en el artículo 4 de la Constitución Nacional? ¿Qué oscuro enigma encierra este pacto? Otra coincidencia será que después que las olas de emigrantes invadan nuestro país, podremos saber y pegar los gritos al cielo como los agricultores.
Hay que cambiar esa mentalidad servil para eliminar de la ley de símbolos patrios, esas frases lapidarias. Eso no es difícil, mientras tanto, crucemos los dedos porque algún candidato a presidente o diputado se pronuncie y se comprometa por sustituir esas frases por un lema que eleve la dignidad del Estado y del panameño. No hemos avanzado. La lucha comienza.
El autor es abogado
