Afrontar la crisis institucional en la que está sumido el país con respuestas “economicistas”, basadas en la autocomplacencia con las cifras de crecimiento económico positivo (pero a la baja) y la calificación de riesgo país, es un autoengaño insostenible. No todo, en efecto, es crecimiento del PIB.
La inequidad y falta de cohesión social, la corrupción, la ineficiencia del gasto público y la degradación sistemática del patrimonio natural son males estructurales en Panamá que amenazan cualquier intención de desarrollo sostenible.
La diferencia entre la verdadera política que busca el bien común y la pseudopolítica de los políticos tradicionales se ha hecho evidente y nos ha colocado en un punto de no retorno. La aberración en el ejercicio del poder público ha sido de tal magnitud que corremos el riesgo alto de asumir un sistema político erróneo, el actual, como el estado natural del sistema. Nada más alejado de la realidad: el problema no está en la política ni en las instituciones, sino en lo que hemos permitido hacer de ellas.
Esta crisis institucional caracterizada por la corrupción en el ejercicio de cargos públicos y la pérdida de legitimidad debe llevarnos a replantear la forma de ser sociedad. La dirección a tomar es solo una: hacia adelante. Como dijera el sociólogo A. Touraine “O nos abandonamos en manos de la crisis, esperando la catástrofe final, o creamos un nuevo tipo de vida económica y social”.
La creación de un nuevo tipo de vida económica y social es un proceso complejo, pero no imposible. Basta recordar el ejemplo de la Revolución Francesa, que marcó el final del absolutismo monárquico, abriendo paso a un nuevo régimen donde la burguesía, y en algunas ocasiones las masas populares, se convirtieron en la fuerza política dominante. En Panamá, la elección de mayo nos abre la posibilidad de volver a optar por la política verdadera, y con ella por una mejor versión de país.
Para avanzar en esa dirección, una condición de entrada es aspirar a los valores más altos de justicia y bien común. Creer que es posible salir de la mentalidad del mero afán de lucro para avanzar hacia la responsabilidad social. Esto implica elegir candidatos cuyas armas electorales sean su preparación, honradez, sus ideas y liderazgo ejemplar. Un compromiso real contra la corrupción arranca por no elegir a personas con historial de corrupción para que ocupen los cargos públicos.
Es necesario asumir el enfoque de equidad como vía para reducir las brechas que impiden el ejercicio de los derechos, el acceso a servicios básicos y la posibilidad de alcanzar un desarrollo humano integral. ¿Cómo? Enfatizando en la atención de las poblaciones más vulnerables para superar privaciones que no son producto exclusivo de carencias materiales. En concreto, implica invertir en estrategias inclusivas de protección social como un componente clave de la política pública y priorizar enfoques comunitarios basados en contextos sociales, en lugar del enfoque tradicional de negocio anclado en meras soluciones de infraestructura.
Finalmente, requerimos un profundo replanteamiento de las relaciones con el medio ambiente, pasando a una planificación del desarrollo basada en la conservación y restauración de los ecosistemas que nos sustentan, con énfasis en la gestión del agua, reconociéndola como la clave de la economía y seguridad nacional.
La autora es abogada y directora de Wetlands International Latinoamérica y el Caribe.