Con el permiso del Diario La Prensa y con el derecho que tiene la ciudadanía de estar correctamente informada, reclamo esta rectificación (Ley 22) respecto al artículo referente al caso de PANAMA PAPERS que se lleva en Estados Unidos. La audiencia no fue suspendida debido a la ausencia de Ramsés, como afirma el periodista. Esta información es incorrecta. Documentos nuevos fueron aportados al caso, por lo que el juez de Nueva York concedió hasta el 6 de noviembre para realizar otra audiencia de temas puntuales relacionados con el ejercicio de la profesión de Agente Residente (abogado) desde Panamá. Cuando la indagatoria fue incoada el 27 de septiembre de 2018, el gobierno de Estados Unidos tomó nota de los cargos de Ramsés en Panamá. Posteriormente, la indagatoria fue abierta al público en diciembre de 2018 y el gobierno de Estados Unidos tomó nota también que Ramsés no podía salir de Panamá para confrontar los cargos en Nueva York.
Quizás la primera plana de La Prensa, debería leer, en defensa de la soberanía nacional (mucho más ahora en Fiestas Patrias”)… “Panamá siente indignación por atropello de USA a los servicios panameños extraterritoriales”, en vez de seguir manteniendo un editorial anti-nacional.
El periodista escribe que Ramsés enfrenta proceso por “fraude para evadir impuestos” en USA, pero ignora decir que el principal encausado es de Guatemala. Omite escribir que los hechos investigados de evasión fiscal no están tipificados como delito en Panamá. Ignora escribir que se trata de un tema patrimonial de Guatemala.
Omite escribir que fue el Diario La Prensa, a través de sus periodistas Rita Vásquez y su esposo L. Scott Bronstein, quienes entregaron ilícitamente toneladas de documentos (hackeados) a la oficina de impuestos de la Embajada de Estados Unidos en Panamá (en contra de las instrucciones del Consorcio Internacional de Periodistas de Investigación –ICIJ-, como así ellos mismos admiten por escrito), y que estos periodistas lo reconocen y revelan descaradamente en su propio libro “Sociedades Peligrosas” (páginas 63 a la 79), con el ruin propósito de hacer iniciar pleitos internacionales en contra de Panamá. Omite decir que la información entregada a la Embajada tenía ya casi diez (10) años de vejez. Por desgano, ni siquiera se dieron a la tarea de oír las grabaciones de voz hackeadas de la firma Mossack Fonseca que explican el expediente, ni conseguir información puesta al día, y que para darle un matiz sensacionalista al libro inventaron que el cliente de Guatemala había abierto cuentas en la extinta Financial Pacific.
En esta última publicación del 30 de octubre pasado, hacen “caso omiso” a los comentarios equivocados anteriormente publicados (ahora se dieron cuenta) en que se dice que Ramsés es un “fugitivo”, sin admitir la falla.
El periodista igualmente omite que Ramsés solicitó permiso de salida del país a la Jueza 18 Penal; y la Fiscalía 2da Contra la Delincuencia Organizada, en traslado, manifestó “negar el permiso”. Al día de hoy, aún la Jueza 18 no se pronuncia al respecto.
El ICIJ, con La Prensa, manipularon más de 3 terabytes de data (más de 11 millones de documentos, más o menos 400 millones de páginas, miles de metros cúbicos de información), todavía sin encontrar ilegalidades, dándose a la tarea de destruir a los Agentes Registrados (abogados) de Panamá y sucursales en el Caribe en sus servicios de sociedades, fundaciones de interés privado y conexos, con pérdidas de centenares de millones de dólares para nuestro país, lo cual y en parte, es causal de la situación económica sobrevenida en Panamá. ¿Por qué esa Agenda? ¿Por qué ese ensañamiento?, ¿Cuál es el trasfondo?
Ramsés Owens
Agente Residente retirado y estudiante