Ante los resultados del pasado torneo electoral, se ha cimentado la prioridad de la reactivación económica. Estos anuncios suelen preocupar a las personas, toda vez que son percibidos como el preludio de mayor cantidad de actividades extractivas, así como el relajamiento de requisitos legales que suelen contribuir al deterioro de la calidad del entorno. Lo anterior no es necesariamente así y procedemos a explicar por qué.
El problema ecológico forma parte de los problemas económicos del país y viceversa. El desperdicio de los recursos naturales descapitaliza al país y la ejecución de tareas sin considerar los valores propios de los sitios donde estas se ejecutan, empobrece aquellos sitios. Estos fenómenos han generado una complicada burocracia de cara a evitarlos.
El problema se da cuando la burocracia resulta entendida más como un fin en ella misma y su cumplimiento no incide en los temas que la originaron. Actualmente, la burocracia estatal no parece incidir de manera alguna en la protección del ambiente, pero sí se manifiesta claramente en el retraso de las inversiones. Esto debe cambiar.
El cumplimiento de parámetros normativos debe ser más fácil, eficaz y consecuente con una economía ágil. Las sanciones y la remediación de daños deben ser percibidas como más costosas y gravosas que el cumplimiento de las medidas para impedirlas.
Una mayor eficiencia en el trámite de la evaluación de impacto ambiental, entre otros instrumentos de gestión del entorno, también provocaría que todos los profesionales propios de las ciencias sociales, naturales, los diversos tipos de ingeniería y afines, incidieran en estos quehaceres, proponiendo medidas para evitar, mitigar, manejar y compensar los impactos negativos de las obras de desarrollo sin importar su tamaño. La parálisis de los procesos afecta la aplicación de aquellas medidas necesarias, desacelerando también parte de la economía nacional.
El fomento a la investigación científica, al ecoturismo y demás negocios verdes, junto a un claro norte positivo a la actividad de reforestación, ayudaría a mejorar la economía rural, sin que se vean en peligro sus valores, costumbres o los bienes ecológicos que provocan la misma actividad económica. Lo mismo sería cierto con el fomento de actividades de bajo impacto, el estímulo tributario a empresas responsables y a los propietarios cuyos terrenos se encuentren dentro del sistema nacional de áreas protegidas.
Temas difíciles que requieren intervención, como el manejo del agua, la restauración del suelo, así como la disposición de los desechos y el ordenamiento territorial, requieren de planificadores, técnicos y mano de obra para ejecutarse, por parte ya sea del Estado o el sector privado en los niveles correspondientes.
La promoción del país, como uno de conciencia y cultura verde responsable, es posible en la medida en que el Estado incentive comportamientos favorables con la ecología y el entorno, valorando la cultura y la diversidad humana, en una armónica combinación de instrumentos económicos, administrativos y de justicia con resultados innovadores y que nos saquen del estancamiento de la gestión ambiental del país, favoreciendo el equilibrio entre la ecología y el desarrollo.
El autor es abogado