La libertad de expresión, como derecho que tiene todo ser humano de exponer sus ideas, fue consagrada en el artículo 19 de la Declaración Universal de los Derechos Humanos, adoptada por la Asamblea General de las Naciones Unidas, el 10 de diciembre de 1948, en su Resolución 217 A (III) y aparece como uno de los principales pilares tutelados en todas las constituciones de los países democráticos y respetuosos de las garantías fundamentales del individuo.
A pesar de que el filósofo, político y economista inglés John Stuart Mill, fallecido hace más de siglo y medio, tenía esta libertad como esencial para el descubrimiento de la verdad, es lamentable que hoy en día, a menudo, es ejercida para lograr el imperio de la falacia y la mentira, sin ninguna limitación ni consideración por el derecho fundamental que también le asiste a todo individuo, de ser respetado en su buen nombre y fama.
Ese desenfreno, que desnaturaliza y amenaza a esta importante libertad, que todos debemos proteger, a menudo es ayudado por las redes sociales, que si bien fueron concebidas con el noble fin de difundir, con amplio espectro, la información y la verdad dicha en el buen ejercicio de la libertad de expresión, están siendo utilizadas como peligrosas armas para divulgar falsas versiones acomodadas a necesidades particulares y amedrentar a los llamados a administrar justicia, para que desempeñen esa labor, no de la manera en que la Constitución señala que deben hacerlo, sino de un modo tal que beneficien inmerecidamente los intereses de quienes creen en la ilicitud y en el chantaje.
Diariamente observamos cómo se ventilan y proliferan en las redes sociales Facebook, Instagram, Twitter, entre otras, versiones, no siempre ajustadas a la verdad, de personas naturales y jurídicas involucradas en causas que están llamadas a ser discutidas y resueltas en los tribunales de justicia, no en las redes sociales, todo lo cual está teledirigido a presionar a los llamados a decidir esos juicios, para que las controversias sean decididas, de modo tal que favorezcan determinados intereses particulares, sin importar si la decisión es legal o no. Igualmente, vemos la proliferación de mensajes que esas versiones provocan, multiplicándose el original con el nacimiento de muchos otros y estos en otros más, que finalmente terminan presionando al funcionario encargado de administrar justicia, vulnerando con frecuencia el derecho humano y fundamental que le asiste a este, de ser respetado en su buen nombre, en su fama y en la autonomía con que está obligado a realizar su labor, con sujeción solo a la Constitución y a las leyes de la República.
Por supuesto, en la mayoría de los casos, es natural que el funcionario, amedrentado y temeroso de perder su trabajo, por la influencia pueda acarrear la avalancha de mensajes que de forma, no siempre legítima y justa, ha circulado públicamente, termine resolviendo la controversia al estilo Poncio Pilatos: “Lo que diga el pueblo”.
¿Esa es la justicia que buscamos y queremos que exista en Panamá? ¿Quién pone un alto a esta situación que está afectando gravemente la seguridad jurídica en la República de Panamá y, consecuentemente, la inversión privada, tanto nacional como extranjera?
Y ¿qué decir cuando se utilizan las redes sociales para difamar y difundir falsas versiones sobre particulares, con propósitos de obtener dinero o algún otro bien u otra prestación, a cambio de que los ataques mediáticos cesen?
La historia de los países que han sido golpeados por el flagelo del terrorismo han dado testimonio fiel de que el factor que mayor incidencia ha tenido en el surgimiento de ese cáncer ha sido la ausencia de seguridad jurídica, que naturalmente no siempre responde a aquello de lo cual nos hemos ocupado en este artículo, sino también a corruptos y corruptores, pero independientemente de esto, vale la pena pensar y evaluar si conviene o no regular, mejor de lo que está, la libertad de expresión en nuestro país y el rol que deben desempeñar las redes sociales, particularmente en aquellos casos que están siendo ventilados en los tribunales de justicia.
El autor es abogado