Desde 1983, he tenido la oportunidad de presenciar la selección y ratificación de un número plural de magistrados de la Corte Suprema de Justicia.
Que el presidente de la República acuerde con su Consejo de Gabinete esta importante designación es un acto determinado por nuestra carta magna, que conlleva una serie de responsabilidades. Se distingue con tan alto cargo a un jurista cuya hoja de vida lo aquilate para tan delicadas funciones. Esta decisión es reflejo del criterio del primer Mandatario y sus Ministros.
Una vez enviados a la Asamblea Nacional los Decretos de nombramiento para su ratificación, los Ministros ya cumplieron su misión: no tienen competencia alguna en las deliberaciones parlamentarias; por el contrario, apuntalar a sus designados allí se convierte en un acto politico con visos de impedimento para las futuras actuaciones de los Magistrados que, tras esa intervención, resulten aprobados.
En cuanto a la Comisón de Credenciales, esta solo revisa los requisitos y emite su votación. El sistema de participación ciudadana solo es una manera simbólica de exaltar la democracia de la labor parlamentaria, no contemplada por la ley. Muy poco toman en cuenta los “honorables diputados” estas participaciones.
Panamá está urgida de una reestructuración total de su administración de justicia, con participación real de la sociedad civil, incluyendo los sectores académico y productivo, con una perspectiva de reforma constitucional. Este proceso abarca la designación de la nueva presidencia de la Corte Suprema de Justicia, que debe actuar en armonía con los demás poderes del Estado y la sociedad civil, la que, a su vez, sería parte de un Consejo Superior de la Judicatura reforzado constitucionalmente, encargado de revisar hojas de vida de todo el personal judicial, depurar, indemnizar, reemplazar, preparar proyectos de reestructuración, fiscalizar, establecer bonos de producción de cantidad y calidad, sancionar, promover y destituir.
Me siento honrado de haber estado presente en la ratificación de juristas de la talla de Rodrigo Molina A., Rafael González, Carlos Lucas López, Aura Emérita Guerra de Villalaz, Arturo Hoyos, Fabián Echevers, César Quintero. Ojalá esos tiempos se activen de ahora en adelante.
El autor es abogado