Requisitos mínimos

Reforma constitucional

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Los dos elementos fundamentales de una República moderna son el “Estado de derecho” y la estricta separación de poderes. La primera, el imperio de la ley y no de los gobernantes, solo es viable con un Órgano Judicial efectivamente independiente. La segunda, implica dos cosas a su vez: evitar el conflicto de interés en las funciones de los distintos órganos (especializándolos privativamente) y el balance de poderes (que no puede darse sin lo anterior).

Panamá tiene una República desvirtuada. El Estado de derecho es débil. Las decisiones del Órgano Ejecutivo no son apropiadamente controladas por el Judicial, que depende económica y políticamente del Ejecutivo y cuyos integrantes no gozan de las condiciones necesarias para asegurar su independencia. Para que esto no siga sucediendo, requerimos fortalecer la independencia judicial y descentralizar la justicia.

La independencia judicial efectiva pasa por: cómo se asigna el presupuesto para la administración de justicia; cómo se nombran los magistrados (Corte Suprema de Justicia) y jueces; cuánto se les paga; por cuánto tiempo son nombrados los magistrados de la Corte Suprema de Justicia; quiénes pueden ser los magistrados; cómo se organiza internamente la Corte Suprema de Justicia (evitar rivalidades); y, quién juzga a los jueces. Si estas cosas no se atienden apropiadamente, de nada servirá hacer cambios constitucionales que luego resultan ineficaces.

La descentralización de la justicia requiere una jurisdicción contencioso administrativa y que se acoja el sistema difuso de control constitucional. Lo primero pretende acercar el balance de poderes al ciudadano (hasta municipales), para controlar la legalidad de las acciones administrativas. Lo segundo, evitar la centralización que hace inviable una justicia rápida (la decisión constitucional concentrada en la Corte Suprema de Justicia o en una corte constitucional impide que se tomen decisiones inmediatamente por normas inconstitucionales).

Por otro lado, la separación de poderes implica que no haya confusión de roles entre los integrantes de los órganos del Estado. Esta confusión genera conflictos de interés, que es lo que la separación de poderes pretende evitar. Así, un diputado no puede ser ni ministro ni concejal. Un diputado que acepta una posición en el Ejecutivo (cualquiera que esta fuera), debe perder automáticamente su curul. Otro tanto debe suceder con los puestos a nivel municipal, que son propios de otro régimen gubernamental y que son ejecutivos también.

Tampoco debe haber leyes que pongan diputados en instituciones propias de la función ejecutiva, como son las juntas directivas de entes ejecutivos del Estado. El diputado está para legislar y fiscalizar la actuación del Ejecutivo, cosa que no puede hacer apropiadamente si tiene confusión de intereses y de roles.

La única función judicial que debe tener la Asamblea es el juicio político del presidente. No es viable el juzgamiento de magistrados por un ente político. Esto debe darse en una instancia especializada del Órgano Judicial, pero independiente de los jueces (que debe crearse en la reforma).

De igual manera, no puede haber funcionarios electos en el régimen municipal que pasen al Ejecutivo, a menos que pierdan su condición en el régimen municipal. Y, obviamente, no puede haber funcionarios electos trabajando en el Órgano Judicial.

Es obvio, que, en la separación de funciones, al Órgano Judicial no le puede corresponder la investigación de ningún delito o de ninguna controversia. Por tanto, se le deben eliminar las funciones de investigar diputados. La investigación debe llevarla a cabo la Procuraduría General de la Nación y su juicio debe ser en la jurisdicción ordinaria (asegurando constitucionalmente el sistema acusatorio).

El Órgano Ejecutivo no puede tener funciones jurisdiccionales. Si el Ejecutivo no puede reclamar (o ser demandado) en el Judicial, porque este no funciona, entonces no funciona para nadie y debe ser mejorado. Así, no hay excusa para funciones como las de un juez ejecutor en el Ejecutivo (que, además, rompe con el debido proceso, al ser juez y parte). No puede haber instituciones del Estado decidiendo entre derechos de particulares, sin que medie decisión judicial.

El Ejecutivo tampoco puede legislar. Los decretos ejecutivos deben ser las únicas normas emitidas con carácter reglamentario. Nada de decretos de gabinete que pretenden legislar ni legislación por la puerta de atrás generadas por entes regulatorios.

Finalmente, es fundamental cambiar completamente la composición del Órgano Legislativo, para que a este se le pueda confiar una función esencial de este órgano en todas las repúblicas: el control del dinero (como siempre fue en Panamá antes de la dictadura). Para ello se requiere que dicho órgano conjugue apropiadamente los intereses locales con los nacionales. Eso solo es viable con un órgano de dos cámaras.

El autor es director de la Fundación Libertad.

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