Los poderes políticos y económicos del país preparan una nueva trampa con la que desviar y anular los anhelos populares de cambios institucionales profundos frente a lo que han sido 30 años de gobiernos corruptos y antidemocráticos. La trampa consiste en una reforma constitucional realizada por la actual y desprestigiada Asamblea Nacional, a propuesta del repudiado Ejecutivo, ratificada por la Asamblea que se elija en mayo. Pero eso no es lo que el pueblo reclama. Queremos asamblea nacional constituyente.
Para democratizar los poderes públicos y sacar a los corruptos de la administración del Estado, un creciente sector de la ciudadanía ha empezado a exigir que se invoquen los poderes del constituyente del pueblo, “el soberano”, para que elija a sus delegados a una asamblea constituyente originaria, que refunde desde sus bases las instituciones.
El presidente Juan Carlos Varela, en su último informe a la nación, en enero pasado, amagó demagógicamente con cumplir, con 5 años de atraso, su promesa electoral de convocar a una asamblea constituyente. Como todo lo que ha hecho el gobierno panameñista, esas palabras no fueron más que demagogia, pues sabía bien que ni tenía los votos para imponerla y que sería rechazada por extemporánea.
Muerta en su cuna la propuesta presidencial, enseguida comenzó la trama desde diversos sectores políticos y empresariales por imponer una reforma constitucional a la medida de los intereses creados que parezca que cambia algo para que no cambie nada.
Así tenemos que el Consejo de la Concertación Nacional para el Desarrollo, controlado y dirigido por figuras de la Cámara de Comercio y abogados de prominentes bufetes, se han sacado de la manga una reforma constitucional que el pueblo panameño ni conoce ni ha debatido. Esa reforma espera pasar por Consejo de Gabinete para presentarla a la actual Asamblea Nacional, que deberá aprobarla con la ratificación de la que salga de las elecciones de mayo.
La reforma propuesta por el Consejo de la Concertación es cosmética e inconveniente, por no decir, antidemocrática. Se trata de reformas que empeoran la situación del sistema judicial imponiendo magistrados por 20 años. Proponen además crear un sistema de circuitos provinciales y diputados nacionales, con elecciones parciales, en 2021, para sacar 10 diputados más hasta 2024, elevando su cifra a 81. Incluyendo la segunda vuelta en las presidenciales.
Todas estas reformas no resuelven nada, por el contrario, aumentan la burocracia. Y, para colmo, carecerían de legitimidad por ser aprobadas por un Ejecutivo y un Legislativo desprestigiados. El movimiento popular no quiere reformas cosméticas antidemocráticas, exige que se invoque el poder constituyente del pueblo. Exige asamblea nacional constituyente originaria.
El autor es docente universitario