La Asamblea Nacional ha aprobado en el último mes varios proyectos de ley presentados por el Ejecutivo y que inciden en modificaciones de regímenes preferenciales de Panamá. A la fecha, ya se publicó la Ley No. 57 del 24 de octubre de 2018 que modifica sustancialmente el régimen de sede de empresas multinacionales (Ley No. 41 de 2007), la Ley No. 52 del 17 de octubre de 2018 que regula la actividad de los centros de llamadas para uso comercial, se ha aprobado en tercer debate el proyecto de ley No. 654 por el que se aprueba el enfoque del nexo para regímenes o beneficios que inciden sobre explotación de intangibles; y ya ha sido aprobado en primer debate, el proyecto de ley No. 664 que modifica el régimen de Panamá Pacífico (Ley No. 41 de 2004).
Los cambios normativos que se están dando inciden, principalmente, en nuevos requisitos de sustancia, eliminación de tratamientos diferentes en operaciones locales y hacia el exterior, aplicación de reglas de precios de transferencia, entre otros cambios; todos ellos en el contexto de los nuevos estándares internacionales que están impactando aproximadamente 157 regímenes preferenciales en el mundo, y que forman parte de los compromisos asumidos por las 123 jurisdicciones miembros del marco inclusivo del Proyecto BEPS.
Los cambios aprobados en los regímenes preferenciales de Panamá, en relación con temas impositivos difícilmente tendrán como consecuencia el colocar a Panamá en una situación de desventaja frente a otras jurisdicciones que cuentan con regímenes similares. Uno de los temas más novedosos son los nuevos umbrales de sustancia que las empresas deberán cumplir para poder mantener algunos beneficios fiscales; su aplicación va requerir de un análisis de cada caso en función de las actividades realizadas incentivadas. Este nuevo estándar de sustancia está siendo incorporado en los distintos regímenes preferenciales impactados por los estándares a los que las jurisdicciones miembros del marco inclusivo BEPS están comprometidas. Solo en la región, a modo de referencia, Costa Rica acaba de modificar su régimen de zona franca, Uruguay su régimen de centro de servicios y su zona franca, Chile ha derogado su régimen de sociedades plataforma.
En el nuevo orden fiscal internacional, las multinacionales y las empresas en general buscan ubicarse en jurisdicciones cumplidoras con los estándares internacionales de transparencia y fiscalidad internacional, en jurisdicciones que no sean incluidas en listas de terceros países por no alinearse a este nuevo paradigma.
Las empresas están preocupadas en cuidar su nombre e imagen y en ese sentido se está buscando un balance entre la protección de la reputación y el ahorro fiscal. Por ello, los incentivos fiscales pueden continuar siendo parte de un plan de país que, junto con otros elementos, tengan el objetivo de atraer la inversión extranjera, pero se requiere regímenes que estén en armonía con los nuevos estándares internacionales no solo para incentivar la llegada de nueva inversión, sino también para evitar una salida de la inversión ya existente.
El autor es consultor