En este momento parecemos estar en la mitad de una mala novela de misterio, donde las pistas se van revelando a medida que avanza la trama y, lo que debería ser la búsqueda de la verdad, se convierte en un laberinto sin salida.
Los ciudadanos que no somos abogados, al no tener los conocimientos legales, tratamos de encontrar respuestas a través del sentido común, y nos cuesta aún más trabajo cuando somos ingenieros o científicos, donde las conclusiones son basadas en hechos y datos, y los procedimientos son claros. Cada uno de nosotros dentro de nuestras disciplinas buscamos encontrar la verdad, pero esa verdad en el mundo del derecho no se ve tan clara, depende de la interpretación, y esas interpretaciones pueden ser tan variadas como la cantidad de abogados que la analicen.
Es evidente que la renuncia de Ricardo Martinelli al Parlamento Centroamericano (Parlacen) es con la intención de evitar enfrentar la justicia. Los magistrados lo investigan por su condición de diputado y, al no seguir siendo diputado, su caso pasaría a la justicia ordinaria, que le garantiza al menos más tiempo para evitar enfrentar las pruebas. Tomando en consideración todo lo que este señor ha hecho para evitar enfrentar las pruebas, la lógica nos lleva a inferir que las mismas deben ser contundentes. Cierro los ojos y me lo imagino sacándole la lengua a los magistrados, a la justicia, a todos nosotros. La pregunta es si los magistrados lo permitirán, si la ley le otorga el derecho de burlarse de la justicia.
Esta renuncia parece haber despertado entre los abogados la más variada de las interpretaciones sobre sus consecuencias. Desde entrar a debatir el momento de su validez: si es inmediata, si debe esperar que sea puesta de conocimiento del pleno del Parlacen (que seguro ya todos están enterados), si puede hacerse porque no cuenta con el sello y firma del centro penal en donde está recluido o si su renuncia no tendría ningún efecto porque, al estar detenido, está suspendido del cargo o porque ya el proceso está en fase intermedia.
La interpretación final la tienen los magistrados de la Corte Suprema, quienes además deben determinar, en el caso de que decidan no tener competencia para seguir viendo este caso, si el mismo debe seguir siendo procesado por las reglas de un sistema inquisitivo mixto o si continuaría por el sistema penal acusatorio (SPA), que se ha llevado hasta la fecha.
¿Y la justicia dónde queda? En qué parte de toda esta maraña de interpretaciones se toma en cuenta la búsqueda de la verdad, la atención al derecho de las víctimas de ser escuchadas y el derecho de los panameños a saber si el expresidente utilizó los recursos y la maquinaria del Estado para perseguir y extorsionar a todo aquel que pudiese representar una ventaja personal en sus maquiavélicos planes.
Él hoy renuncia a ser juzgado, ¿podemos nosotros renunciar a que se burlen de la justicia?
La autora es miembro de Movin