Réplica

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Réplica ante la noticia “Contraloría: van $18 millones en lesiones”, del pasado 20 de octubre.

Nuevamente nos enteramos a través de La Prensa de la existencia de un nuevo informe de Contraloría sobre tierras de la UP.

Es falso que no se realizaron los avalúos de dichas tierras, previo al acto público. En ambos casos los avalúos fueron realizados por el MEF y la Contraloría.

Cronología de los contratos.

Abril de 2007 Contrato Parque industrial y corporativo Sur.

Avalúos y refrendo del contrato, período del contralor Dani Kuzniecky.

Abril de 2010 Contrato Consorcio Pacífico Atlántico.

Avalúos y refrendo del contrato, período del contralor Carlos Vallarino.

En base a esos avalúos se procedió a realizar el acto público y en ambos casos las propuestas de las empresas fueron superiores a las presentadas por el MEF y Contraloría.

Todos estos actos fueron aprobados por el Consejo Administrativo de la Universidad, que es la única autorizada para aprobarlos y luego refrendados por la Contraloría General.

La UP se benefició de recibir alquileres por tierras improductivas y en peligro de ser invadidas que hoy son propiedad de la Universidad con desarrollos millonarios.

La Contraloría hizo un avalúo en el año 2016 y lo retrotrae al 2007. En base a ello, determina una lesión patrimonial, cuando para cualquiera resulta evidente que los cálculos hechos en el 2016 tendrían que ser superiores al 2007, por el natural desarrollo de las inversiones hechas y la revalorización de las tierras, así arrojarían cifras superiores a lo estimado por ellos mismos en el 2007.

Nadie señala que además de los alquileres, todas las mejoras (valen millones de dólares) pasarán, sin gravámenes y sin costo, a la UP al finalizar el contrato. Tampoco se menciona que los valores de los cánones de arrendamiento suben con transcurrir los años en la forma pactada.

Es preocupante que la interpretación caprichosa del inquilino de turno de una institución acabe con la seguridad jurídica de quienes trabajan en conjunto con el Estado. Las repercusiones y la desconfianza de la empresa privada y la banca, impedirán a futuro que empresas contraten con el gobierno.

Durante su gestión, Gustavo García de Paredes no se benefició de ningún contrato de la Universidad de Panamá. Sería justo que esta persecución que lleva más de 2 años cesara y surgiera la verdad.

Adjunto encontrarán avalúos y refrendos como prueba de su existencia.

EDUARDO SEQUEIRA

Abogado de Gustavo García de Paredes

8-719-893

RESPECTO A ESTOS COMENTARIOS, ‘LA PRENSA’  ACLARA LO SIGUIENTE:

Pese a que la réplica indica que es falso que no se realizaron los avalúos, y para probarlo quien hace la réplica remite algunos de los que hizo la Contraloría, es importante aclarar que para que un bien del Estado sea avaluado, deben existir dos. Por ley, deben ser emitidos por el Ministerio de Economía y Finanzas y por la Contraloría, los cuales se promedian y de ahí emerge el avalúo final. Lo enviado corresponde únicamente a uno de los avalúos de lo alquilado al Consorcio Pacífico Atlántico y uno de los avalúos de la finca licitada y arrendada al Parque Industrial y Corporativo Sur, correspondiente al de la Contraloría.

En la noticia replicada, se detalla únicamente el informe de Contraloría referente al contrato de Parque Industrial y Corporativo Sur S.A., que ganó una licitación de 18 hectáreas. No obstante, mediante adendas, se le añadieron otros terrenos. Así, el contrato abarca fincas que suman un total de 42 hectáreas sin que se hayan presentado los avalúos de estas nuevas tierras, de las cuales la empresa solo paga arrendamiento por 33 hectáreas de las 42. Tampoco hay un avalúo de 9 hectáreas, consideradas por la Universidad “servidumbre ecológica”, de las que no hay detalle alguno.

La Prensa desde mediados de 2015, solicitó al entonces rector Gustavo García de Paredes copia de los avalúos finales, sin que estos fueran entregados. La Contraloría tampoco los encontró, según indica su auditoría.

Sobre la afirmación de que las mejoras que se hagan en los terrenos universitarios retornarán sin costo a la Universidad de Panamá, al cabo de 40 años, hay que aclarar lo siguiente: La Universidad no recibe completa la escasa renta cobrada por el alquiler de la tierra (cinco centavos el metro cuadrado), ya que se pactó en el contrato la devolución de hasta el 70% de una inversión máxima de $10 millones en esos terrenos, a través de una reducción del 50% del canon mensual de arrendamiento, cláusula esta que contraviene la Ley de Contrataciones Públicas.

En torno al incremento de los cánones, en una investigación de La Prensa se explicaron estos incrementos. En el caso del contrato de Parque Industrial y Corporativo Sur, es del 2% en el vigésimo año del contrato, y a partir de entonces, y por 20 años más, no se prevé aumento alguno. Precisamente, la Contraloría cita en su informe la “ausencia” de la actualización de los avalúos y que esto los “limitó para calcular con certeza el canon a pagar entre 2006-2015”. La Universidad de Panamá concedió 42 hectáreas a la empresa Parque Industrial y Corporativo Sur y consideró un avalúo por solo 18 hectáreas, cuando en su poder tiene 42 hectáreas. Se desconoce bajo qué parámetros se calcularon los lotes adicionales otorgados mediante adendas y los incrementos anuales de este y los otros contratos de alquiler, cuya redacción fue similar.

Comentarios

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