Después de culpar a grupos opositores al Gobierno de los hechos violentos ocurridos en Colón, y ante la interrogante de un periodista para que precisara quiénes eran los instigadores, el ministro de la Presidencia no respondió. El día siguiente, ya conocidos los 12 puntos con los que la administración de Juan Carlos Varela reaccionaba a las presiones de los manifestantes, en un Twitter, el ministro de Vivienda habló del chantaje de los PRD y CD.
En ese juego del discurso, lo medular son los grandes intereses existentes en la renovación de Colón. La intimidación, previa a la huelga anunciada, con contingentes policiales como nunca antes hemos conocido en Colón, llevó a la dirigencia del Comité de Lucha para la Salvación de Colón a denunciar públicamente que detrás del caos estaban pequeños grupos financiados por el Gobierno para descalificar el carácter pacífico de las manifestaciones y la interrogante del porqué la Policía actuó complaciente.
Los personeros del Gobierno buscaron devolver la pelota, culpando a otros de los actos violentos. Se han obviado las necesarias consultas y ha reinado la olímpica indiferencia. Si acaso hay preocupación, es aquella que los intranquiliza ante la posibilidad de que la lucha de los colonenses ponga en jaque el modelo económico y de convivencia social que busca imponerse desde arriba.
En Colón estamos frente a una incipiente explosión social, no hablamos de revolución ni nada que se le parezca, sino de la aguda desesperación de un pueblo que no aguanta más. Desde las organizaciones sociales, la decisión tomada era la de una paralización con medidas alternas, todas ellas pacíficas y hacen el llamado al gobierno central para que cambie su método de tratar con los problemas de Colón, a la falta de consulta, y a la desconfianza del fin último de la llamada renovación.
El autor es diputado del Parlacen