Panamá vuelve a ser noticia internacional, pero en esta ocasión por razones muy gratas y meritorias. Volvemos a ser la envidia de muchos porque nuestra bendecida posición geográfica ha vuelto a despertar el interés de una gran potencia, el coloso de oriente.
Por primera vez Panamá establece relaciones diplomáticas con la República Popular China, al romper relaciones diplomáticas con Taiwán. Pero, ¿qué significa esto?
Las comparaciones son odiosas, pero por razones explicativas comparemos este inicio de relaciones diplomáticas con la firma de los tratados Torrijos-Carter. Este tratado le devolvió a Panamá el control total del Canal interoceánico, que en 85 años de operación extranjera le significó $878 millones en aportes económicos a Panamá.
Esto contrasta con los $12 mil 637 millones que ha aportado el Canal desde el año 2000 hasta 2016. Es evidente que, en manos panameñas, el Canal le aporta mucho más al país.
De la misma manera, y a una escala mucho mayor, las relaciones con la República Popular China impactarán la economía de nuestro istmo.
Taiwán tiene una población de poco más de 23 millones de habitantes. La República Popular China tiene más de mil 379 millones de habitantes, y es la primera potencia económica mundial por PIB en términos de paridad de poder adquisitivo.
No hay que ser un genio para entender que más gente, con más dinero, estará dispuesta a invertir en Panamá de diversas maneras.
Turismo, productos de consumo, por mencionar algunos rubros, estarán ahora expuestos a una vitrina 60 veces más grande de potenciales compradores y usuarios. Inicialmente esto parece el sueño financiero de cualquier país.
No obstante, la realidad es que si no estamos preparados para atender el tsunami oriental, alguien más lo va a estar, quedándose con una parte importante del pastel que debería pertenecer en su totalidad a Panamá.
Veo con muy buenos ojos las promesas de infraestructura y modernización de medios de transporte con las que se han empezado a vender las nuevas relaciones diplomáticas, pero entiendo que sin control, sin una organización previa no es posible que Panamá ejecute como gerente y beneficiario los muchos proyectos que se desarrollarán, Dios mediante.
La Ley 15 del 26 de enero de 1959, por la cual se regula el ejercicio de las profesiones de ingeniería y arquitectura, fundamenta la Junta Técnica de Ingeniería y Arquitectura.
Allí se expiden las idoneidades de los profesionales que tienen que ver con el campo de la construcción y el diseño en Panamá.
Contamos con muchos y muy buenos profesionales de gran experiencia, que agremiados en la Sociedad Panameña de Ingenieros y Arquitectos (SPIA), o dentro de sus gremios colegiados como el Colegio de Arquitectos, el Colegio de Ingenieros Civiles, y el Colegio de Ingenieros Electricistas, Mecánicos y de la Industria aportan sus conocimientos para el desarrollo de Panamá.
El momento es propicio para que los gobiernos pongan de vuelta su confianza en los profesionales que diseñan y edifican las estructuras en las que todos vivimos y por las cuales circulamos todos los días.
“Zapatero a tus zapatos” reza el refrán. Asimismo, no podemos esperar que personas no preparadas para organizar y controlar megaproyectos generen el método más adecuado de control de lo que será el desarrollo más acelerado que ha visto nuestro país.
No permitamos que la politiquería barata ponga en riesgo la mayor oportunidad de crecimiento que se nos ha brindado. Tenemos el recurso humano, tenemos la capacidad intelectual y tenemos la voluntad de hacer lo mejor por nuestro país, pues también vivimos aquí.
Se avecinan nuevos y muy grandes retos, enormes posibilidades para decirle una vez más al mundo: “Somos grandes, somos Panamá”.
Que Dios nos guíe.
El autor es ingeniero civil