1968-2018

Revolución octubrina

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El 11 de octubre de 1968, fecha del cruento golpe militar que desplazó del poder político del Estado a la oligarquía encabezada por el doctor Arnulfo Arias Madrid en su calidad de presidente de la República, a pesar de la lejanía histórica, en poco se diferencia de la situación política, económica, social e institucional de la actualidad. Una amalgama o “matrimonio incestuoso” entre la “clase política” gobernante y la Guardia Nacional que servía de instrumento de represión en contra de la protesta social y una Iglesia católica que santificaba dicha unión, fue lo que caracterizó aquel momento, con una cualitativa diferencia: existía también una “situación revolucionaria”, es decir, estaban creadas las condiciones “objetivas y subjetivas” para una insurrección popular revolucionaria.

Ello explica por qué el Gobierno de Estados Unidos de América y particularmente el Pentágono y su Comando Sur enclavado en la Zona del Canal no se opusieron al “golpe militar”, además del carácter represivo, antipopular y anticomunista de su primera fase, encabezada fundamentalmente por el mayor Boris Martínez, un entorchado fascistoide.

En realidad, desde el punto de vista político e incluso sociológico se distinguen tres fases durante los 21 años en que los militares “convoyaron” el poder político del Estado. El período represivo, de transición y reacomodo de fuerzas dentro del instituto castrense va del 11 de octubre de 1968 al 16 de diciembre de 1969; la etapa de “la revolución panameña”, proceso revolucionario o proceso de liberación nacional, que incluye la consolidación de Omar Torrijos al mando de la Guardia Nacional y líder del pueblo panameño, apertura del proceso de eliminación del tratado del Canal de 1903 y de la institucionalización política del Estado panameño ( Constitución de 1972), así como la eliminación de la “quinta frontera” y la firma de los Tratados Torrijos-Carter (1977), que linda entre 1970 y 1981 (asesinato del general Omar Torrijos); y el ciclo en el que los mandos militares se apartan de “La Línea”, que comprende el “buen salto” del general Rubén Darío Paredes (1983), quien, a imitación del general José Antonio Remón Cantera, pretendió – en brazos de la oligarquía- trasladar el poder de la “avenida A” al Palacio de las Garzas (1981-1983); y el espacio autoritario del general Noriega que cerró el lapso castrense a la media noche del 20 de diciembre de 1989 con la invasión y genocidio del Ejército más poderoso de la Tierra.

Hoy como ayer tenemos una plutocracia corrupta y mafiosa en el poder, con la diferencia de hace 50 años que no hay alternativa popular ni fuerza política decente de relevo, ni los “generales de banqueta” -directores de servicios- actuales tienen la virilidad de propiciar una salida “golpista”. La única vía civilizada es el compromiso de las fuerzas políticas, sociales y, sobre todo, del “país decente” de exigir al Tribunal Electoral la inclusión de la “quinta papeleta” en el torneo electoral del 5 de mayo de 2019, en que el pueblo, como soberano general, pueda decidir si quiere o no que el próximo gobierno convoque a una Asamblea Nacional Constituyente. ¿Gobierno de ley o anarquía? ¡Así de sencilla es la cosa!

El autor  es abogado y analista político

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