Hay injusticia y desigualdad en los centros penitenciarios panameños y esto resalta a simple vista, en la mayoría de estos centros la infraestructura no tiene un mantenimiento adecuado y presentan condiciones insalubres. El Estado panameño, con toda la agilidad y eficiencia que ofrece el nuevo sistema penal acusatorio, aún adolece de una serie de condiciones que atentan y vulneran los derechos humanos de las personas privadas de libertad.
Han pasado casi siete años desde que se inició la ejecución de este sistema, y el hacinamiento en las cárceles sigue siendo todo un reto al cual no se le ha podido dar solución.
Cada año se hace mayor la cantidad de casos a procesar por el Sistema Penitenciario, son muchos los factores que dan a Panamá las condiciones ideales para el desarrollo de un alto nivel de violencia y delincuencia.
En la estadística mensual que publica la Dirección General del Sistema Penitenciario, a marzo del presente año la cifra ha ascendido a 16 mil 183 personas privadas de libertad, mientras que la capacidad máxima total de las cárceles del país es de 14 mil 830. Del total de la población solo el 47% ha sido condenado.
Y es que el sistema penal acusatorio no es el factor que propicia el hacinamiento en los centros penitenciarios, la población privada de libertad no ha tenido gran disminución debido a que los miles de casos relacionados a hechos y conductas delictivas que ocurrieron antes de la implementación del sistema penal acusatorio deben procesarse bajo el sistema penal inquisitivo; a esto sumémosle la falta de recursos y la descoordinación de las instituciones que intervienen en el Sistema Penitenciario, que causan que un alto porcentaje de internos no puedan asistir a sus audiencias y diligencias judiciales.
El problema del hacinamiento en las cárceles no es solo del Estado, sino también de la sociedad, porque la mayoría apoyamos el encarcelamiento como la única forma de reducir el delito, no hay interés por la vida de los privados de libertad, no hay interés en que todos puedan participar en programas de resocialización, la empresa privada muestra poco o nada de interés en dar plazas de trabajo a personas que han estado retenidas o de ofrecer programas de ayuda al sistema penal.
La autora es estudiante universitaria