El pasado 16 de enero, el Ministerio de Desarrollo Social (Mides) presentó ante el Consejo de Gabinete una propuesta de ley que crea un sistema de protección integral de los derechos de la niñez y la adolescencia, la cual fue aprobada por el Gabinete, y que será remitida a la Asamblea Nacional para ser debatida, y es el resultado de un intenso trabajo interinstitucional e intersectorial, iniciado en el año 2015, cuando el Gobierno se comprometió ante la Comisión de Derechos Humanos de las Naciones Unidas a la creación del mismo.
En la actualidad, las leyes, políticas y planes destinados a la niñez y la adolescencia no están debidamente articulados entre sí, ya que han sido creados mediante procesos independientes. Como consecuencia, la oferta institucional de servicios carece de una visión integrada, lo que propicia confusiones, ambigüedades y vacíos que pueden dejar a los niños, niñas y adolescentes desprotegidos.
En este caso, cuando hablamos de “sistema” nos referimos a un conjunto de partes, que, relacionadas entre sí, contribuyen a un objeto. El sistema de garantía y protección integral de derechos de los niños, niñas y adolescentes debe estar compuesto de una ley marco que lo crea, delimita responsabilidades institucionales y establece las reglas para garantizar la exigibilidad de derechos; una política pública que haga operativa la ley y una oferta de servicios destinados a la niñez y la adolescencia.
Cabe señalar que, desde el año 1997, el Comité de Derechos del Niño hizo la recomendación a la República de Panamá de consolidar un sistema como el que ahora se plantea. Esta recomendación ha sido reiterada con este comité en los años 2004, 2011 y 2018.
De hecho, en el pasado hubo una propuesta que no prosperó. Por eso, esta administración emprendió en 2015, la creación de dos comités interinstitucionales: uno, que trabajó en la redacción de la propuesta de ley marco, con el apoyo técnico de la exmagistrada de la Corte Suprema de Justicia Esmeralda de Troitiño y otro, que trabajó en el desarrollo de un documento base de políticas públicas, con el apoyo técnico de la Universidad Santa María La Antigua (USMA) y la Universidad Diego Portales de Chile, el cual servirá como punto de partida para que, una vez aprobada la ley, pueda elaborarse la política pública.
Posteriormente, se inició un exhaustivo proceso de consultas, con la intención de recibir la retroalimentación de todas las organizaciones de la sociedad que trabajan en beneficio de nuestra niñez y adolescencia, cuyas observaciones fueron tomadas en consideración. Hoy podemos decir que la propuesta de ley aprobada por el Ejecutivo es un documento eminentemente panameño y ampliamente consultado.
La aprobación de la propuesta de esta ley por parte de la Asamblea Nacional representaría para Panamá un paso determinante para saldar una deuda histórica que tenemos como país con nuestra niñez y adolescencia, y que nos permitiría avanzar en la elaboración una política, basada en derechos, para orientar las acciones de todos los sectores de la sociedad en corresponsabilidad.
La autora es viceministra del Mides