La administración Varela designó un Comité de Expertos Independientes panameños mediante el Decreto Ejecutivo 94 de 2016, para “…analizar la plataforma de servicios con el propósito de formular recomendaciones que puedan ser incorporadas como mejoras prácticas, para lograr los objetivos de transparencia exigidos por la comunidad internacional”.
Este hecho, y la propia composición del comité, nos hizo pensar a muchos que el Gobierno Nacional había tomado seriamente, y motu proprio, el combate al lavado de dinero y no porque GAFI u OCDE o Fondo Monetario nos obligaran, aunque esa fuera la situación coyuntural, sino porque el lavado de dinero es de naturaleza esencialmente ilegal y criminal. Y lo que es más importante, porque el análisis de los métodos mediante los cuales el crimen organizado se apodera gradualmente de la economía de un país, revela que esta lucha es de urgente necesidad para proteger el futuro de Panamá.
Conviene repasar cómo funciona el lavado de dinero. Las organizaciones criminales necesitan el flujo constante de dinero a través de los sistemas bancarios y financieros internacionales para sus gastos operativos y expansión. Su interrupción provocaría, teóricamente, que las organizaciones criminales se debiliten y desaparezcan.
Pero es muy difícil prevenir, detectar y probar legalmente el lavado de dinero o cualquier delito que GAFI persigue.
Primero, el dinero ilegal se introduce en la corriente financiera en el lugar donde se produce y en pequeñas cantidades. En el caso de las drogas, se introduce en los mismos países consumidores. En 1993, la Asociación Bancaria de Panamá descubrió que la Autoridad Postal de Estados Unidos vendía giros postales consecutivos sobre $750.00, violando sus propios reglamentos, por lo que procedió a rechazar su aceptación en pago o depósito.
Segundo, el crimen organizado es una poderosa empresa, con una insuperable ventaja competitiva: no acata ley alguna. Sus contactos internacionales y su vastísimo poder monetario y coercitivo permiten contratar el mejor talento tecnológico, financiero y criminal. Mediante numerosas transferencias bancarias internacionales, estratifica y enmascara el origen de sus fondos. Compra empresas legítimas para que continúen actuando legítimamente, encubriendo a futuro el origen ilegal de sus fondos y penetrando lentamente sectores enteros de la economía, a las buenas o a las malas.
Los fondos ilícitos se integran a la economía real, adquiriendo lentamente control de sectores clave de la economía y creando una poderosa concentración económica que luego se desborda a otros sectores, penetrando eventualmente los ambientes políticos y gubernamentales, con serias implicaciones para la seguridad de la Nación y su futura estabilidad política y moral.
En esta etapa del blanqueo de dinero, este sustituye a la inversión local y extranjera legítima en la economía, vulnerando silenciosamente los sistemas bancarios, bursátiles y financieros. El riesgo de que esto ocurra es particularmente alto en una economía ávida de recursos como la nuestra.
Se nos ha dicho que GAFI es renuente a reconocer todos los esfuerzos de Panamá en la prevención y castigo del lavado de dinero, la promulgación de nueva legislación y la creación de nuevas instituciones reguladoras. Cito al Lic. Carlos Barsallo en su columna del 22 de junio pasado en el diario La Prensa: “Aprobar leyes y reglamentos es relativamente fácil y Panamá lo ha usado siempre como respuesta a cuestionamientos. Es evidente que es importante, pero manifiestamente insuficiente. El hacer que dichas normas se cumplan, efectiva y eficazmente para todos – sin excepción – y no de forma selectiva es el quid del asunto y para Panamá ha resultado, históricamente, muy difícil demostrar esta parte”.
Lo más grave y lo que inequívocamente nos mantiene en las listas son tres aspectos claramente definidos:
1. Lograr condenas contra los imputados por estos delitos, resultantes de investigaciones competentes, profundamente versadas sobre el tema, por fiscales especializados, presentadas ante jueces especializados en la materia, honestos a toda prueba, que entiendan la complejidad del organismo criminal, de los delitos precedentes y de todos los detalles y laberintos que esta materia encierra y de su gravedad para el país. Nuestro mayor pecado no ha sido desatender las recomendaciones de GAFI. Cito el informe del FMI de 2012, que todavía tiene vigencia: “ Hasta el momento no ha sido establecido que las funciones de la UAF en cuanto a generar información de inteligencia financiera por medio de la recopilación, análisis y divulgación de información hayan conducido a la detección, persecución y condena en casos significativos de blanqueo de capitales”.
2. La existencia de una clara voluntad política de combatir el lavado de dinero. La lectura del Informe Final del Comité de Expertos Independientes debe ser obligatoria para todos los funcionarios que, tanto en el sector público como en el privado, están involucrados en la lucha contra el lavado de dinero, especialmente la sección III, Recomendaciones.
3. Los hechos posteriores a la publicación de este informe ponen en duda que exista un “compromiso político nacional” que no pase de cosmético. Las recomendaciones atinadas de nuestro Comité de Expertos con respecto a acciones ejecutivas para el mejor desempeño de la Intendencia de Supervisión y Regulación de Sujetos No Financieros, de la UAF, de las Superintendencias de Seguros y de Valores, de fideicomisos, de financieras y cooperativas, del ejercicio de la abogacía, de la necesidad de un comité asesor independiente, no han sido atendidas hasta la fecha.
Me parece una excelente idea enviar una delegación a Nueva York para intentar que GAFI nos retire de su lista. Lástima que la Secretaría General de GAFI tenga su sede en París.
El autor es banquero
