Durante el debate entre candidatos presidenciales realizado la semana pasada, fue utilizado el término seguridad alimentaria. Esta es definida por la FAO como aquella condición existente en un país, cuando todas las personas, en todos los momentos, tienen la capacidad física, social y económica para acceder a alimentos seguros y nutritivos, para satisfacer sus necesidades alimenticias y sus preferencias.
Existen diferentes rutas para alcanzar la seguridad alimentaria. Un reporte publicado por la FAO en el año 2009, denominado Repensando la política pública en la agricultura: Lecciones de la historia lejana y reciente, concluye que existe evidencia suficiente que demuestra que las interacciones en el mercado internacional promueven la seguridad alimentaria en un país. En este sentido, sostiene que si los productores, en lugar de cosechar los clásicos alimentos, satisfacen la demanda local e internacional de productos agropecuarios más lucrativos, acabarán por percibir una renta superior, con la cual pudieran acceder a alimentos de consumo, mientras aumentan su patrimonio.
A finales del siglo XIX, a manera de ejemplo, las importaciones de granos de bajo costo incrementaron en Europa. Varios de sus países desarrollaron políticas que protegían a sus productores de granos; sin embargo, otros, como Holanda y Dinamarca, redujeron las producciones de granos y aumentaron sus importaciones de estos tipos de granos, para alimentar al ganado, el cual luego fue procesado y exportado a otros países. Con ello, percibieron mayores ingresos y, por consiguiente, pudieron importar más productos, incluyendo granos.
Para aumentar los ingresos de esta manera, se requiere que el país acople su oferta de producción a la demanda internacional; es decir, los productores tendrían que acomodar la cantidad y el tipo de cultivo que cosechan, cada vez que la demanda varíe. Ajustes progresivos como estos, requieren que el país facilite las opciones de intercambio, cuente con una adecuada infraestructura de transporte, y con una adecuada coordinación entre instituciones sólidas y entidades fronterizas. Panamá se ha movido en esta dirección. A nuestra consideración, es vital que las próximas administraciones continúen en propiciar la educación agrícola, promover las prácticas debidas de producción, incentivar el aprovechamiento de nuevas oportunidades (como el sector del agroecoturismo) y que si opten por subsidiar al sistema, lo hagan con fundamento en estudios previos, mediciones de efectividad y duraciones delimitadas.
La concesión de crédito agrícola, adicionalmente, debe basarse en estrategias nacionales y locales, destinadas a aumentar la producción competitiva y en estudios que aseguren el retorno de la inversión.
El Banco de Desarrollo Agropecuario, por su parte, ha aumentado considerablemente la cantidad de crédito otorgado en los últimos 14 años. En el periodo 2004-2009, se otorgaron préstamos por $187.3 millones, que entre los años 2014 y 2018, se lograron colocar $288 millones en préstamos agropecuarios, beneficiando a más de 23 mil productores a nivel nacional. Además, la morosidad se logró reducir considerablemente, pasando de un 19% entre los años 2004 y 2009, a un 6.5%, entre los años 2014 y 2018.
El gran beneficiado de estos esfuerzos es el consumidor nacional. Es un reto complejo, pero se puede lograr. Requiere, no obstante, de un serio compromiso ciudadano, de alianzas público-privadas y de una estrategia de Estado para promover la producción competitiva y sostenible, la cual será fortalecida con la atención y participación de todos los consumidores.
El autor es miembro del Círculo Bastiat de la Fundación Libertad.