SOLUCIÓN DE CONTROVERSIAS

Seguridad jurídica y arbitraje

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Seguridad jurídica y arbitraje

La seguridad jurídica es la garantía más demandada por las empresas que suscriben contratos con el Estado y por las que tienen acuerdos con personas jurídicas o naturales que esperan se honren los compromisos acordados. Esas circunstancias apelan a la necesidad de ampliar la gama de procesos jurisdiccionales y fortalecer formas alternativas de administración de justicia, como las instancias arbitrales.

Panamá es pionero en los procesos arbitrales, en virtud de que aquí se firmó, en 1975, la Convención Interamericana sobre Arbitraje Comercial Internacional, conocida como la Convención de Panamá (suscrita inicialmente por 17 países), esta permitió renovar la Convención de Nueva York de 1958, que hasta entonces regulaba lo relativo al arbitraje comercial internacional en el continente.

El artículo 202 de la Constitución Política de la República de Panamá establece que la administración de justicia, también, podrá ser ejercida por la jurisdicción arbitral y que los tribunales arbitrales podrán conocer y decidir, por sí mismos, acerca de su propia competencia.

Por otro lado, el Decreto Ley 5 de julio del 1999, establece el régimen general de arbitraje, de conciliación y de mediación, y la Ley 131 de 2013 regula el arbitraje en Panamá. En concreto, este es un compromiso que hacen las partes interesadas para someter sus conflictos a ese procedimiento, evitando la vía judicial bajo el principio de autonomía de la voluntad y la libertad de disposición de las partes.

Se deriva de una relación jurídica contractual mediante la que, en caso de surgir controversias entre dos o más personas, empresas o el Estado, recurren a tribunales arbitrales no vinculados con el poder judicial. A esas instancias se le reconoce autoridad y prestigio, a fin de que después de evaluar los argumentos, pruebas y alegatos, emitan un veredicto, conviniendo previamente y en forma libre acatar el fallo, con características y efectos idénticos a una sentencia judicial denominada laudo arbitral.

El fallo arbitral es imparcial por la idoneidad ética y profesional de los árbitros; es reservado porque el arbitraje se desarrolla en un ámbito privado, y es económico porque evita los procesos judiciales que resultan más costosos por los honorarios que causan y por el tiempo que pueden durar. Además, es rápido porque las partes deciden el tiempo de duración del proceso. Si no hay acuerdo al respecto, el tribunal arbitral tiene un plazo estipulado para fallar. El poder del árbitro no deriva del Estado, sino de la facultad que tienen las partes –los interesados– para transigir y decidir sobre sus contiendas.

El arbitraje, al mismo tiempo, fortalece la vida en sociedad, porque coloca las bases para resolver diferencias, eliminando mecanismos de fuerza y evitando la ruptura en las relaciones contractuales.

Para emplear ese procedimiento es necesario que dentro del contrato suscrito se incluya una cláusula de compromiso en la que se exprese la voluntad de someter las eventuales diferencias que se presenten a la decisión de un tribunal arbitral.

Este es un ejemplo de una cláusula arbitral del Centro de Solución de Conflictos (Cescon) de Panamá: “Cualquier discrepancia, reclamo o diferencia que surja entre las partes, relacionada con el objeto, la aplicación, ejecución o interpretación del presente contrato, así como aquellas relacionadas con la validez, el cumplimiento o la terminación del contrato será resuelta mediante arbitraje ante el Centro de Solución de Conflictos conforme a sus reglas de procedimiento”.

Este centro, fundado en 2001, ha acumulado una gran experiencia en la administración de procesos arbitrales, de mediación y conciliación, resueltos mediante la imparcialidad de abogados que actúan como árbitros. Se enfoca, además, en la actualización y creación de programas de capacitación y difusión de métodos alternativos, como mecanismos propicios para la prevención y resolución de controversias.

El arbitraje, como forma de expresión jurídica, es una institución administrativa que garantiza que el desarrollo del proceso se realice con seguridad jurídica y todas las normas constitucionales. Como el país, dada su envidiable posición geográfica, se ha convertido en un punto de conectividad aérea y logística mundial, así también, con el incrementado de la necesidad de utilizar mecanismos alternos de solución de controversias, también puede constituirse en sede confiable para el desarrollo de procesos arbitrales internacionales –además de los nacionales– y consolidar el fomento y la garantía de la tan demandada seguridad jurídica.

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