Durante varios meses, los medios de comunicación social han estado atentos sobre la designación de parte del Ejecutivo de los nuevos magistrados de la Corte Suprema de Justicia que deben ocupar sus cargos a partir de principios de enero de 2018.
Al igual que sucede en otras ocasiones, muchos profesionales del derecho han tenido en mente esta aspiración a la magistratura, quizás motivados algunos a servir a la justicia, respetar la ley, velar por la independencia judicial, y a realizar objetivamente, con honradez, imparcialidad, profesionalismo y de manera responsable su trabajo. Pero también el cargo no deja de ser atractivo porque la toga le da un aire de grandeza y superioridad, y le permite ingresar al club de magistrados por el mundo y a los demás privilegios y beneficios.
Y, sin embargo, esta vez el Órgano Ejecutivo no informó sobre el proceso de selección y nombramiento de las vacantes. Como consecuencia de ello, el Colegio de Abogados propuso la elaboración y presentó al Órgano Ejecutivo una lista de 21 abogados que cumplen con los requisitos para ser magistrados de la Corte Suprema de Justicia, la cual efectivamente fue recibida por el Presidente de la República, según advierten los medios de comunicación de nuestro país.
Ciertamente que en lo personal, como profesional del derecho, me he ocupado con dedicación a la enseñanza del derecho por más de 34 años en la Universidad de Panamá, y mi interés por la investigación ha sido lo primordial publicando hasta la fecha 40 obras, de lo cual me siento satisfecha, pero no dejo de pensar en esos 25 mil abogados que tiene el país, de los cuales habrá quienes desean ocupar estos cargos y reúnen el perfil necesario, pero que por el mecanismo de selección pueden sentirse burlados.
Pero, bueno señores, la historia se repite de distinta manera. ¿Proceso de selección? ¿Cuál? ¿Cómo? ¿Cuáles aspirantes? Claro que lo hubo, ha sido un proceso abreviado, sin reality show, y por supuesto que las personas designadas cumplen con el mínimo de los requisitos que establece nuestra Constitución vigente. Y si bien no se trata de un concurso de belleza, de oratoria, tal vez esta escogencia, al igual que las anteriores, tiene algo de popularidad y de estimación, como sucede con los likes (me gusta) de Instagram.
La autora es catedrática de Derecho Penal en la Universidad de Panamá