En un gran despliegue de primera plana, La Estrella de Panamá ha querido dar cabida a las protestas de un grupo de jubilados “para exigir a los diputados que se discuta el proyecto de ley 621, que revisa los montos de las pensiones y jubilaciones”.
Pienso, muy sinceramente, que toda esta pelea por unos cuantos dólares más en el bolsillo de los jubilados y pensionados de la Caja de Seguro Social (CSS) equivale a lanzarle un hueso sin carne a perros callejeros -sin ánimos de ofender, ni humillar a nadie- para distraer la atención de la lucha por la “carne”.
La famosa expresión de Ronald Reagan, candidato, a Walter Mondale, el intelectual, frente a la marioneta de cine, ¿la recuerdan? “Where is the beef?”.
La distracción politiquera del proyecto de ley 621 y el juego insensato de jubilados y pensionados y sus federaciones, peleando por huesos, por verdaderas sobras del banquete de los señores, me da profunda pena.
¿Cuándo (c.....) las federaciones de jubilados y pensionados de este país habrán cerrado calles para administrar ellos mismos, con el aval por supuesto de un banco local, sus fondos de jubilación? Como en Uruguay, miembro de la Red Continental de Personas Mayores de América Latina, la Organización Nacional de Jubilados y Pensionados del Uruguay (Onajpu).
Como miembro del secretariado ejecutivo de la Red Continental de Personas Mayores de América Latina, le ofrecí a uno de los expresidentes de la Confederación Nacional, la posibilidad de visitar Montevideo y reunirse con mis colegas de Onajpu para que analizaran juntos las posibilidades de crear ese banco de jubilados. Le entró por un oído y le salió no sé por dónde.
¿Cuándo, en qué momento, las veintitantas asociaciones nacionales que forman la Confederación Nacional de Jubilados y Pensionados de la Caja de Seguro Social habrán luchado por la equiparación de las pensiones más bajas con los salarios mínimos? Tal es la experiencia de mis colegas en Argentina, la federación más antigua en el mundo de jubilados y pensionados. Ofrecí igualmente posibilidad de asesoría en este terreno con igual respuesta que la anterior.
Alguien me puede decir ¿para cuándo la instrumentalización del cacareado Instituto del Adulto Mayor, con su pomposa directiva tan inútil, como la existente anteriormente?
Ahora resulta que los “adultos mayores” pasan a ser la pelotita de tenis de mesa de políticas universitarias desde las pomposas universidades de Tercera Edad y Trabajo a las agendas sociales de programas de estudios “con el fin de promover un enfoque de atención integral porque en 2050, “según las proyecciones de población del Instituto de Estadística y Censo (INEC), se espera que sean un cuarto de la población total del país. ¡Wao! ¡Bravo, Udelas!
¿Será la “atención integral” equivalente al acceso pleno a derechos sociales, civiles, políticos, económicos, culturales de las personas adultas mayores?
Tengo poderosas razones para dudarlo. El hecho mismo de que no se mencione en su dichosa agenda social ni una sola vez la palabra derechos, me revienta las tripas.
Panamá no ha firmado y pienso que está lejos de hacerlo, la Convención Interamericana de protección de derechos de los adultos mayores, adoptada por la OEA el 15 de junio de 2015. La propia diputada Ana Matilde Gómez, impulsora ante la Asamblea Nacional de la ley de protección integral de los adultos mayores, creando así el bendito instituto. Me mintió en mi propia cara, afirmando que no conocía la existencia de dicha convención. Fue durante una de sus reuniones en el corregimiento de Betania donde echa mano de la vulgarización de investigaciones científicas muy serias, para confundir Alzehimer con vejez, entre otras bellezas de su proselitismo “independiente”.
Expertos altamente calificados afirman hoy que la persona no desaparece tras la “enfermedad”, ni en ese caso ni en tantos otros. Igualmente, el presidente del grupo de trabajo ad hoc de la OEA, encargado de la redacción del instrumento jurídico, me hizo parte de su decepción ante la diputada. Se había cansado de explicarle la superioridad jurídica del texto en cuestión, con respecto al de la Convención sobre los discapacitados, tanto a ella, como a los funcionarios de Cancillería, sin lograr que corrieran a presentarlo ante la Asamblea Nacional para convertirlo en ley de la República, como se hizo con la opinión tocante a los matrimonios entre sexos iguales.
¿Alcanzarán unos $100 mensuales de aumento para responder a las cuestiones de vida o muerte que menciono aquí? ¿Prefieren seguir comiendo huesos y sobras? Les diré que yo no, me hago vegana a partir de hoy, y seguiré dando la cara en defensa de mis derechos por la construcción de una sociedad justa y equitativa para todas las edades.
La autora es doctora en filosofía.