DONACIONES ELECTORALES

¿Solo personas naturales?

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¿Solo personas naturales? ¿Solo personas naturales?
¿Solo personas naturales?

La posición aquí formulada es la de que en Panamáúnicamente las personas naturales tienen derecho constitucional para hacer donaciones a partidos políticos y a candidatos para puestos de elección, y que, por consiguiente, las personas jurídicas no gozan de tal derecho. En este artículo periodístico solo cabe trazar algunas líneas generales de los elementos que fundamentan esta posición. He buscado, pero no encontrado, precedente judicial alguno que se refiera a este asunto.

Se parte de una interrogante previa: ¿qué significa el término sufragio, tal como es empleado en nuestra Constitución? ¿Se limita al simple acto de entrar el ciudadano al recinto electoral con el propósito de depositar su voto a favor de tal o cual candidato? O, más bien, el sustantivo sufragio debiera interpretarse en un sentido amplio y general de forma que comprenda todo el proceso electoral que culmina con la proclamación del candidato “más votado” por los ciudadanos; esto es, no solo el acto de votar, sino también el conjunto de fases sucesivas del proceso electoral delineadas en la Constitución Política y las leyes y reglamentaciones electorales que las desarrollan. Entre esa gama, la formación y vigencia de los partidos políticos, las postulaciones, la convocatoria, el escogimiento de las candidaturas, las impugnaciones, el diseño de las boletas de votación, la votación, los escrutinios, las proclamaciones y el financiamiento de los gastos y facilidades electorales de los partidos y los candidatos, etc.

Me inclino a interpretar el término “sufragio” en un sentido general y amplio que incluye el acto del ciudadano de contribuir a pagar, sufragar (“2. Costear, satisfacer”. RAE), tales gastos y facilidades dentro de los límites señalados por la Ley Electoral. De modo que el derecho al sufragio lo entiendo como inclusivo del derecho del ciudadano a dar contribuciones políticas.

La Constitución Política establece que “son ciudadanos de la república todos los panameños mayores de 18 años, sin distinción de sexo” (artículo 131) y que “los derechos políticos… se reservan a los ciudadanos panameños” (artículo 132).

En base a una interpretación formal de los citados artículos 131 y 132 de la Constitución Política, y de una apreciación amplia y lógica del término sufragio se deduce que las personas jurídicas (a menos que sean partidos políticos) no tienen el derecho a financiar a los partidos y candidatos políticos que la Constitución reserva a las personas naturales que son ciudadanos de la república.

Bajo la Constitución es dudosa la existencia de un poder por parte del Órgano Legislativo y del Tribunal Electoral para legislar o reglamentar el financiamiento electoral por personas que no sean ciudadanos panameños. De allí que, de presentarse un recurso de inconstitucionalidad ante la Corte Suprema de Justicia, contra las normas que citamos a continuación, bien pudiera esperarse que sean declaradas como inconstitucionales por ser contrarias a los artículos 131 y 132 de la Constitución, en atención a los razonamientos expuestos arriba.

Concretamente, podrían ser declaradas inconstitucionales las referencias a personas jurídicas de los siguientes artículos del Código Electoral:

“ARTÍCULO 178. Son gastos deducibles del impuesto sobre la renta, las contribuciones y donaciones en efectivo hechas por personas naturales o jurídicas (resaltado por el autor de este artículo) a los partidos políticos o a candidatos a puestos de elección popular...”.

“ARTÍCULO 190. Quedan prohibidas las siguientes donaciones o aportes a partidos políticos y a candidatos:

1. Los provenientes de personas jurídicas que no ejerzan actividades económicas dentro de la República de Panamá.

2. . .

3. Las donaciones o los aportes que provengan de gobiernos, personas u organismos extranjeros. Se exceptúan las donaciones o los aportes de partidos políticos, asociaciones internacionales de partidos y fundaciones extranjeras que están vinculadas con partidos o fundaciones nacionales, siempre que dichas donaciones o aportes no sean para campañas electorales”.

La falta de consonancia de esas normas con los artículos 131 y 132 de la Constitución se acentúa en el transcrito numeral 1 del artículo 190, que abre la posibilidad de que a personas jurídicas constituidas en el extranjero se les permita hacer donaciones o aportes a partidos políticos y a candidatos a puestos de elección en Panamá, con la sola condición de que “…ejerzan actividades económicas dentro de la república”, condición que pareciera ser muy fácil de cumplir.

Es de recalcar el bajo rigor de las condiciones establecidas en los numerales citados del Código Electoral para habilitar a personas jurídicas constituidas bajo leyes y jurisdicciones extranjeras a fin de hacer contribuciones para financiar actividades políticas en Panamá. Aparte de que esa habilitación no se compadece con las normas constitucionales tal como ha sido señalado arriba, se amerita también considerar que las normas legales indicadas no llenan las medidas de prudencia que deben tomar en cuenta los legisladores de la república al exponer el sistema democrático a abusos por parte de potenciales alianzas entre personas ficticias nacionales y extranjeras para financiar el sufragio, que, como hemos visto, es un “derecho y un deber de todos los ciudadanos” [panameños]. Ya la Corte Suprema de Justicia en sentencia de 7 de febrero de 1992 ha hecho énfasis en que los jueces deben estar orientados por el principio de prudencia que lleva como cálculo las consecuencias y efectos de una sentencia en el seno de la sociedad en general. Sería, en mi opinión, imprudente mantener vigentes las normas legales que permiten a personas jurídicas el derecho a financiar actividades electorales, sobre todo en estos tiempos en que se conjugan crecientemente el poder económico y el político para fijar las políticas públicas de la Nación.

El autor es abogado

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