Propuesta

Tenencia de armas y legítima defensa

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Recientemente el ministro de Seguridad, Rolando Mirones, habló públicamente sobre la posibilidad de levantar la veda sobre importación de armas existente en Panamá desde el año 2010.

A pesar de no ser este un país con una cultura de armas, la noticia ha sido recibida de forma positiva, o al menos así lo percibo basado en comentarios entre vecinos o incluso el sondeo no científico realizado por La Prensa el 4 de agosto, en el cual 80% de quienes respondieron dijeron estar de acuerdo con la medida.

La posibilidad de levantarse la veda llega en una coyuntura en la cual vimos cómo supremacistas blancos abren fuego contra inocentes en Estados Unidos, dando como resultado unas 30 víctimas y empiezan las comparaciones de lo que podría pasar aquí.

Antes de entrar en pánico y ver el levantamiento de la veda de importación de armas como un error para nuestro país, debemos entender que hablamos de dos sociedades muy distintas.

En el caso de Estados Unidos, la tenencia y porte de armas es un derecho constitucional amparado por la II Enmienda y provisionada de tal forma debido al contexto sociopolítico de la época, en el cual era necesaria una milicia ciudadana como agente de prevención contra la posibilidad de que Inglaterra volviera a anexar sus colonias. Hoy día, sin embargo, no existe un control coherente sobre el tipo de armas y aptitudes psicoemocionales requeridas para los portadores de armas, lo que facilita el acceso a armas de grueso calibre a ciudadanos particulares.

En Panamá, en contraste, la tenencia y porte de armas de guerra está reservada para el Estado a través de la fuerza pública, según el artículo 312 de nuestra Constitución, controlando así la fabricación, importación y exportación de estos elementos.

En este sentido, el porte y tenencia de armas por parte de particulares es regulada por la Ley 57 del 27 de mayo de 2011. Esta ley presenta prohibiciones extensas y claras para ser cumplidas por aquellos ciudadanos respetuosos de la ley, sin embargo, esta es posterior a la veda por lo cual no considero posible evaluar su efectividad.

Ahora, este tipo de prohibiciones no solamente extinguen las vías legales para la tenencia de armas, sino que es caldo de cultivo para la corrupción, y realmente no previene la adquisición de estas por vías ilegales por los criminales, dejando así a los panameños sin la posibilidad de legítima defensa.

Según estadísticas del Ministerio Público, 136 de los 199 homicidios ocurridos en Panamá entre enero y julio de 2019, es decir un 68%, fueron ejecutados con armas de fuego, cifra que se mantiene consistente si se comparan cifras del primer semestre del año para 2018 a 2015. Esta cifra no solo es comparable con el mismo periodo para los años indicados, sino que se mantiene constante para los años completos. Dicha consistencia en las estadísticas nos indica que la veda en efecto no ha cumplido su cometido de reducir los índices de criminalidad, además que deja a ciudadanos responsables y respetuosos de la ley sin la posibilidad de ejercer su derecho a la legítima defensa frente al aumento en la inseguridad en el país.

Por ahora, solo nos queda esperar la evolución de estas propuestas y velar por el correcto ejercicio de la normativa vigente.

La autora es miembro de la Fundación Libertad 

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