Han pasado 30 años desde que la fuerza brutal de un ejército invasor puso fin a una dictadura militar surgida el 11 de octubre de 1968, como alegado remedio a un sistema político putrefacto y una institucionalidad maltrecha y corrupta. No les faltaba razón, pero el remedio resultó mucho peor que la enfermedad.
En 1990, con la pena a cuestas por los muertos y la dignidad mancillada, empezamos un proceso de reconstrucción institucional, de apuntalamiento de la democracia, de sanación de las heridas. Habíamos experimentado el horror, pero teníamos la oportunidad de volver a comenzar. Y lo hicimos… hasta que lo dejamos de hacer.
Entre lo que hicimos bien fue contar los votos y crear una institucionalidad electoral con vocación de mejorar, tal y como la soñó el presidente Ernesto de la Guardia en 1956 con la creación del Tribunal Electoral. Pero la democracia es mucho más que eso, y nos empezamos a salir del camino con complicidades varias y notables indiferencias.
El resultado es lo que tenemos: una de las economías más dinámicas de la región, pero al mismo tiempo con absurdas desigualdades y graves problemas institucionales.
Justamente un informe hecho público hace unas semanas por el Banco Interamericano de Desarrollo (BID), destaca que existen señales de alarma en temas de gran importancia que, de no ser atendidos, pueden provocar retrocesos en el crecimiento económico, o impedir que ese crecimiento se convierta en un desarrollo sostenible que llegue a todos. Es una vieja advertencia hecha en 2008 por el Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo, (PNUD), en su informe nacional dedicado a la institucionalidad. Y si hiciéramos una búsqueda de informes y consultorías varias, seguro que lo que hoy tenemos fue visto venir por expertos de todo tipo. Pero no hicimos caso.
El informe del BID cita cuatro áreas en que debemos trabajar para impedir un retroceso y reducir la desigualdad: competitividad y transformación productiva, educación, calidad institucional y cohesión social y territorial. Además, el informe introduce la gestión adecuada de los recursos hídricos, como un eje transversal que impacta todo lo demás.
Obviamente, sin agua nada es posible. Hacer que todos los que vivimos en esta tierra tengamos acceso a un sistema que provea agua potable y trate las aguas servidas para evitar la contaminación de las fuentes hídricas es crucial. Igualmente, si no hay agua para que funcione nuestra principal fuente de riqueza, habría que cerrar la tienda.
No tiene por qué suceder. En Panamá nos inundamos en la estación lluviosa y nos hace falta el agua en el verano. Esta paradoja ocurre cada año sin que hasta el momento hayamos podido poner en marcha un plan coherente, que permita aprovechar el recurso en los momentos en que lo tenemos en abundancia. El absurdo quedó patente recientemente, en el caso del estudio de la cuenca del río Juan Díaz, que incluye una variedad de soluciones, entre ellas un reservorio. A pesar del rigor científico del informe, esta administración lo desechó por un simple dragado.
Las paradojas parecen identificarnos. Somos un país de una gran riqueza natural y crecimiento envidiable -“al ritmo asiático”, Luis Alberto Moreno del BID dixit-, que al mismo tiempo saca pésima nota en todos los índices habidos y por haber que miden competitividad, educación, equidad, justicia y Estado de derecho, institucionalidad, corrupción. Los diagnósticos son claros y las hojas de ruta identificadas hace rato, pero no logramos ponernos de acuerdo para ejecutarlas. Por el contrario, los grupos de interés se organizan siempre para impedir su avance.
Como el agua, el tema educativo también lo impacta todo. Y el impacto, ya lo sabemos, es muy negativo. Solo un dato aterrador de los muchos existentes: la deserción escolar en las etapas de premedia y media alcanzó el 56% en los últimos seis años, con una constante de unas 13 mil deserciones por año.
Esta terrible situación tiene hoy una luz de esperanza con el acordado Compromiso Nacional por la Educación. Por ello, urge que quien llegue el próximo julio al Palacio de las Garzas, dote de recursos al Consejo Permanente Multisectorial para la implementación del Compromiso.
Así las cosas, el próximo 5 de mayo tenemos la enorme responsabilidad de elegir a quienes habrán de enfrentar el panorama descrito desde la Presidencia, la Asamblea Nacional, los municipios y los corregimientos. Es una carreta pesada que todos debemos empujar en una misma dirección, sacando de la carrera a quienes han alimentado el clientelismo, permitido la impunidad y participado en la rapiña. No hay otra forma.
La autora es periodista, abogada y directora de la Fundación Libertad Ciudadana.