El 21 de marzo de 1941, el Dr. Arnulfo Arias Madrid, presidente de la República, sancionó la Ley #22, que estableció la seguridad social en Panamá. Setenta y siete años después, la entidad creada por el gobierno panameñista para mitigar el riesgo social y la desesperanza popular está sumida en un caos de desorganización, inhumanidad y corrupción del que sus dirigentes no tienen intenciones de sacarla.
A pesar de los señalamientos hechos en este y otros espacios (ver La Prensa, 7 de febrero), ni la dirección general ni la junta directiva ponen orden en la Caja. ¿Quién informa a los asegurados dónde están colocados los fondos del Seguro y cuáles son las políticas de colocación?
Pocos días atrás, este diario alertó sobre un nuevo atentado contra la seguridad social panameña, consistente en la afiliación fraudulenta de extranjeros, otra bribonada lograda con la complicidad de funcionarios de la organización, que el director general, incomprensiblemente, no ha denunciado ante el Ministerio Público (La Prensa, 12-15 de marzo). Aun así, la Fiscalía Anticorrupción ha anunciado que investigará el caso para determinar si se cometió algún delito contra el patrimonio económico de la entidad (La Prensa, 16 de marzo).
En la Asamblea Nacional, en vez del duro interrogatorio que la ciudadanía esperaba de los diputados por el inconcebible desgreño administrativo en la Caja, los diputados halagaron al director general con el mayor servilismo durante su comparecencia ante el pleno (12-14 de marzo). Poco después, el dirigente médico Domingo Moreno explicó la razón de semejante arrastramiento.
Los diputados, dijo, “han tomado la Caja como una ‘agencia de empleo’ y presionan para conseguir plazas laborales por política”. Agregó: “llegan con listas de hasta 30 personas para que sean nombradas” (La Estrella de Panamá, 17 de marzo). Clientelismo en su máxima y vergonzosa expresión, que atenta directamente contra los derechos de los asegurados.
Los diputados tenían el deber de exigirle al director general respuestas claras y convincentes a lo planteado por el dirigente gremial Fernando Castañeda en su carta de renuncia al cargo de subdirector nacional de Atención Primaria (16 de febrero), en relación con presuntas irregularidades en los planes para externalizar los servicios de salud (¿cuánto se ha gastado en dichos planes y quiénes son sus beneficiarios?). El Dr. Castañeda también mencionó el desarreglo y la falta de equipamiento en las policlínicas y hospitales, aparentemente con el propósito de priorizar el uso de hospitales privados.
Otras anomalías expuestas en su carta de renuncia incluyen la falta de apoyo a la medicina preventiva y a la promoción de la salud, la paralización de proyectos importantes (por ejemplo, en Boquete y Penonomé) y el maltrato a los trabajadores de la salud, por no decir a los asegurados, quienes recibimos en las instalaciones atención muy irrespetuosa, abusiva y degradante. Es difícil olvidar la patanería y vulgaridad de un agente de seguridad en la policlínica de San Francisco, inexplicable hasta conocer que en el personal de vigilancia hay sujetos de alta peligrosidad (La Prensa, 14 de marzo), probablemente recomendados por los diputados pandilleros que tenemos en la Asamblea Nacional.
Según el Dr. Castañeda, la pésima administración de recursos humanos en la Caja se refleja en traslados irracionales, designación de “botellas”, premios a funcionarios mediocres y aduladores de la dirección general, hostigamiento del elemento serio y trabajador, retardos en el nombramiento de especialistas y aumentos exponenciales de salario a quienes no tienen preparación adecuada, como el incremento salarial de la pariente del director general, a casi 6 mil dólares mensuales, mencionado en este espacio (7 de febrero).
Por menores expresiones de nepotismo, los medios de comunicación, la sociedad civil y los incompetentes organismos de control del Estado panameño han formado alharacas histriónicas. Todo indica que la actual administración tiene excelentes nexos con estos sectores, al extremo de lograr neutralizar los reclamos que insistentemente se le hacen por el desastre que impera en la seguridad social panameña.
En un medio tan corrupto como el nuestro, el clientelismo rinde buenos frutos. Es triste que durante un gobierno que dice ser panameñista, el septuagésimo séptimo aniversario de fundación encuentre a una institución creada por el Dr. Arnulfo Arias Madrid y necesaria para el pueblo panameño en una situación tan denigrante, catastrófica y absolutamente injustificada.
El autor es politólogo e historiador y director de la Maestría en Relaciones Internacionales de la FSU Panamá