La economía panameña se rige bajo el principio de la libre empresa, vivimos en una sociedad democrática en la cual el ciudadano tiene el derecho a decidir sin imposiciones.
La mafia del transporte, desde la dictadura militar, tiene secuestrados a los panameños con un servicio pésimo y deficiente, sin competencia y caro. Los cupos se manejan políticamente y los diputados, principalmente son dueños de gran cantidad de taxis y buses. Incluso, tal es su poder financiero que eligen diputados para defender sus intereses.
Los partidos políticos dirigen la Autoridad Nacional de Tránsito y Transporte Terrestre, la cual es una de las entidades más corruptas del devenir republicano.
Los diablos rojos asesinaron a muchos, otros quedaron inválidos. Esos criminales del volante siempre gozaron de impunidad y fueron inmunes a la ley. Tenían el derecho a matar, gozaban del patrocinio de los políticos y funcionarios corruptos. Transporte es sinónimo de corrupción.
Los gremios de los taxistas protestan porque Uber les hace competencia. Los panameños sufrimos por el “no voy”, sus taxis son colectivos, sin pedirle autorización al usuario, suben a sus vehículos a otras personas, poniendo en peligro al primero que los contrató. Cobran a su antojo.
Las piqueras de los taxis son otra mentira, llamas y te responden que no tienen taxis cuando les dices a dónde quieres ir.
Los taxis de la terminal aérea de Tocumen son un peligro, asaltan a los turistas y usuarios en el corredor Sur; no hay seguridad con ellos; hay complicidad entre el personal de Aduanas y los taxistas.
En otros países, y lo vi en México, están los taxis peseros, tienen una ruta establecida, por ejemplo: la vía España, Tumba Muerto, la cinta costera. Solo pagas un peso y compartes con otros el servicio. Aquí pueden cobrar un balboa.
Otra pesadilla son los buses y taxis con su música estridente, conductores groseros sin uniformes ni identificación. Algunos taxistas son maleantes, asaltan a los usuarios y violan a las mujeres.
La mayor parte de los taxis pertenece a consorcios colombianos, hindúes y venezolanos. Lo sorprendente es que los directivos del transporte no los acusan de ser extranjeros. Pase usted por Juan Díaz y verá las decenas de taxis estacionados, quiénes son sus dueños, ¿quién los protege?
Los taxis y buses piratas son la nueva modalidad. ¿Quiénes son sus propietarios? ¿Quiénes los financian? La respuesta es simple: la mafia del transporte y la Autoridad Nacional de Tránsito y Transporte Terrestre. El transporte público es un caos organizado en perjuicio de la ciudadanía.
Panamá urge de estadistas, de funcionarios que tomen decisiones sin pensar en el clientelismo electoral. No puede existir el monopolio del transporte que afecta a miles de usuarios, debe darse la libre competencia que garantice al panameño el derecho a escoger lo mejor. Y Uber es una opción entre tantas. Defiendo mi derecho a escoger el mejor servicio.
Los peores enemigos de los actuales transportistas son ellos mismos.
El autor es escritor