El día 16 de enero de este año el diario inglés Independent publicó la noticia: “Lo último de las conversaciones sobre el Brexit: La Unión Europea pondrá en la mira los paraísos fiscales del Reino Unido al comenzar las negociaciones”. El artículo, escrito por los editores Joe Watts y Andrew Grice, pasa a detallar cómo la Unión Europea pretende usar como arma de negociación un ataque a los territorios británicos que se dedican a los servicios financieros y legales —que compiten con Panamá— como Anguila, Islas Vírgenes Británicas, Jersey y Turcos y Caicos, entre otros, a cambio de obtener concesiones en las negociaciones comerciales que se están dando a raíz del brexit.
Lo antes descrito revela en forma clara la manera indiscriminada y malintencionada como los europeos usan estas listas: para sacar algo a cambio. No por ningún principio de transparencia y equidad fiscal. Es para sacar algo a cambio. Eso es lo que nuestro gobierno no entiende. Es un vil chantaje, solo que en la burbuja llamada diplomacia se llama negociación.
Según el mismo artículo, una fuente de la Comisión Europea explicó: “El Reino Unido siempre los ha protegido en el pasado [a sus territorios y dependencias]. Esto no va a pasar en el futuro. Vamos tras ellos”. Otro claro ejemplo de que estas listas son instrumentos y armas de política exterior y no la aplicación de principios de justicia social como lo venden los burócratas de la OCDE y de la Unión Europea.
Solo espero que los ingleses, que hace dos años nos obligaban a ceder a nosotros (un señor Greene del Tesoro de su majestad estuvo en Panamá presionándonos), tengan la valentía que los caracteriza para rechazar, enérgicamente, estas declaraciones y amenazas y pongan a los franceses, principalmente, en su lugar. Por ahora, el 17 de enero pasado votaron en la Cámara de los Lores (House of Lords), no permitir el acceso libre e indiscriminado a los nombres de los beneficiarios de sociedades en los registros públicos en sus territorios y dependencias basados, exclusivamente, en que son una clara violación al derecho humano a la privacidad. Permitir el acceso a esa información por parte de cualquier persona, sin requerimiento judicial, sería una clara violación de los derechos humanos.
Recibo con entusiasmo la noticia de que la Unión Europea está considerando sacar a Panamá y a cuatro países más de la lista negra de países no cooperadores emitida recientemente por los ministros de Finanzas de Europa. Entendamos que esto no es un favor lo que nos están haciendo. Nunca debimos estar en esa lista, solo que la mala fe hacia Panamá de algunos Estados europeos, que nos quieren doblegar, nos colocó en esa lista discriminatoria e injusta. Lo que sería preocupante es que nuestro gobierno, en forma confidencial, se haya comprometido a ceder más de nuestra soberanía fiscal. Es decir, seguir accediendo a peticiones que la Unión Europea y la OCDE no piden a sus miembros ni a China ni a Estados Unidos.
No creo que haya sido una victoria diplomática. Ojalá sea, sencillamente, la corrección de una estupidez más de los europeos que tienen las agallas de llamar no cooperadores en materia fiscal a Estados fuera de la Unión Europea, pero no a los que están, y aportan a su presupuesto, dentro de la misma. Pretender que Irlanda, Luxemburgo, Malta, Andorra, Gibraltar y los demás territorios del Reino Unido no deben ser considerados como países de baja o nula tributación (“paraísos fiscales”) —y Panamá sí— es un cachete y así se lo hizo saber la opinión pública y algunos gobiernos una vez la Unión Europea publicó su más reciente listado.
Dentro y fuera de la Unión Europea llovieron las críticas al último intento de los europeos de desprestigiar a los Estados que compiten fiscalmente por la inversión extranjera que tanto aborrecen los burócratas socialistas desfasados del viejo continente. El secretario del Tesoro de Estados Unidos, Steven Mnuchin, envió una nota el 5 de diciembre del año pasado al secretario general de la Unión Europea, Jeppe Tranholm-Mikkelsen, en que dice que “Estados Unidos está en desacuerdo con el Consejo de la Unión Europea y su decisión de someter a jurisdicciones fuera de la Unión Europea a un proceso de revisión separado”.
Curiosamente, los funcionarios de la OCDE y de la Unión Europea han mantenido un silencio sepulcral ante la carta del Gobierno norteamericano.
El autor es abogado