Negligencia e incompetencia

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La economía mundial está en crisis. Escándalos globales han mermado la confianza de los inversionistas para inyectar liquidez en las áreas en que normalmente invertían y eso ha generado un frenazo que todos podemos sentir.

Regionalmente, y hablando de un tema que conocemos, la construcción sigue siendo uno de los pilares económicos de Panamá. No aporta lo que otrora aportó, pero sigue sumando, a pesar de huelgas malintencionadas.

No son solo las enormes empresas las que construyen aquí. Un pequeño ejército de empresas medianas y pequeñas también mueve las ruedas de la construcción.

Son esas empresas las que generalmente pagan los platos rotos cuando empresas extranjeras se dan a la quiebra, o simplemente huyen y dejan al país sin el bien contratado, y sin gran parte del dinero que se iba a invertir para desarrollar el proyecto.

Cuando esto sucede, y ha sucedido demasiadas veces, los afectados principales son los ciudadanos que serían beneficiados con el proyecto, y el erario, alimentado con nuestros impuestos.

Existen entidades creadas para supervisar las obras desde su concepción en diseño, hasta su entrega final, evitando fraudes e incumplimientos en los trabajos contratados. Una de ellas es la Contraloría General de la República, que debe ser garante y facilitadora en todos los procesos de fiscalización de movimientos de fondos públicos, pero la realidad es otra.

Una empresa contratista debe cumplir con una lista de requisitos de certificación y registros de idoneidad para poder ofertar en las obras de construcción. Asimismo debe tener créditos y buenas referencias para poder llevar a cabo las obras. Con esas acreditaciones, todos los proyectos deberían fluir con facilidad, pero no es así. Hace falta algo.

Para que todo fluya hace falta que un funcionario, endiosado en estos días, haga posible que todo avance: el fiscalizador. Es normalmente parte de la plantilla técnica de la entidad pública, teniendo títulos de ingeniería o arquitectura para que pueda interpretar avances y comprender planos. Es triste que muchos de estos funcionarios (que no todos) en todo el territorio nacional hayan perdido el norte de sus funciones. Muchos cuentan actualmente con repetidas quejas de múltiples contratistas por atrasos en revisiones de cuentas, o por demoras en inspecciones.

Han olvidado que son funcionarios y por consiguiente están al servicio de todos, máxime que de su trabajo depende el avance o entrega de obras que necesita la comunidad.

La empresa contratista, además de pagar planillas, créditos y materiales, debe financiar el proyecto hasta que un fiscalizador apruebe la cuenta presentada.

El proceso debería ser expedito, pero la realidad es que entre presentar una cuenta y que el fiscalizador aparezca pasa mucho tiempo. No hablamos de días ni semanas, en casos específicos puede pasar más de un mes sin que se dignen a visitar las obras terminadas, o a cotejar un avance.

Ni hablar del proceso de pago, que toma otra eternidad en manos del mismo funcionario. Mientras tanto, los trabajos se deterioran por el mal uso de los ciudadanos, que no respetan cerramientos, o por las inclemencias del tiempo, a la vez que la deuda de la empresa crece.

Al solicitar inspecciones a Contraloría, la respuesta muchas veces es que no cuentan con personal o recurso suficiente, incumpliendo directamente sus propios “Principios Institucionales (2015- 2019)” en lo que compete a visión y misión.

Le recordamos a todos los idóneos que se desempeñen de manera privada o pública, que nos regimos por la Ley 15 del 26 de enero de 1959.

“Artículo 8: Los certificados de idoneidad pueden ser suspendidos temporal o indefinidamente, o cancelados a los profesionales que fueren declarados responsables de:

.... b) Negligencia, incompetencia o deshonestidad comprobados en el ejercicio de la profesión.”

“Artículo 23: Los particulares, empresas, compañías, contratistas o sociedades comerciales, industriales o de cualquier otra índole no podrán contratar o ejecutar obra alguna de ingeniería o arquitectura que no esté bajo la dirección de persona natural o jurídica idónea, conforme a esta ley”.

Cumplir con el artículo 23 nos habría ahorrado millonarias sumas que fueron saqueadas al erario.

Basados en el artículo 8, no hacer el trabajo para el que alguien fue contratado califica como negligencia. Hacerlo a destiempo es incompetencia.

Señores fiscalizadores, de su trabajo depende que los demás podamos desarrollar el nuestro, aportando cada quien un granito de arena para echar adelante la maltratada economía de nuestro querido país.

Vamos, a trabajar por Panamá.

Dios nos guíe.

El autor es ingeniero civil

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