Una nota titular en la portada de La Prensa de 8 de agosto, “Piden a Humbert investigar uso de bienes públicos”, sobre la solicitud del procurador de la Administración, Rigoberto González, al contralor general de la República, Federico Humbert Arias, para que “inicie una investigación por el uso de recursos del Estado para promover a figuras políticas”, nos recuerda que los gravísimos delitos de peculado y otros relacionados con la corrupción de políticos en Panamá siguen siendo materia pendiente de investigación, juicio y sanciones eficaces por parte de nuestras autoridades administrativas y judiciales.
“Sin embargo”, continúa la nota, “el contralor Humbert guarda silencio”. Y es precisamente esa percibida falta de interés, acción y respuesta de la Contraloría General de la República en casos de evidente corrupción de políticos la que mantiene preocupada a la ciudadanía, que no ha visto con buenos ojos la inusual camaradería que el contralor ha demostrado hacia aquellos políticos a quienes por Constitución Política y por ley está obligado a fiscalizar con entereza e independencia.
Hace pocas semanas, durante las recientes fiestas de Santa Librada, el contralor sorprendió a muchos siendo huésped de honor del diputado Carlos Tito Afú en Las Tablas, el mismo a quien en 2014 el Tribunal Electoral encontró utilizando 4.9 millones del Estado en su campaña electoral. Este diputado es también quien, en 2002, reconoció públicamente el pago de coimas en el ejercicio de sus funciones, como aquella en fajos de billetes por miles de dólares que ante periodistas extrajo de sus bolsillos. Eso fue en el caso de corrupción del Cemis, uno de tantos que ha quedado impune frente a la justicia.
Tan inexplicable situación de aparente indiferencia trae a la mente aquella transmisión del popular programa televisivo del comentarista Juan Carlos Tapia, la noche de 26 de junio de 2014. En esa oportunidad, ante una audiencia nacional, el entonces titular del Ministerio de Economía y Finanzas (MEF), Frank De Lima, confesaba con la más inusitada candidez que los diputados de la Asamblea Nacional habían recibido del Estado, en plena campaña electoral, más de 416 millones de dólares a través de las mal llamadas “partidas circuitales”.
Como los funcionarios del MEF sabían que tales “partidas” de transferencias millonarias, para diputados y otros candidatos, eran ilegales, en ese ministerio decidieron “triangular” los pagos: transferían el dinero hacia ciertas juntas comunales -donde algunos representantes y alcaldes hasta cobraron un 5% del dinero en concepto de “comisión de manejo”- las que a su vez lo transferían a fundaciones privadas que directa o indirectamente eran manejadas por diputados de otras provincias, e incluso por candidatos del entonces gobierno a diferentes cargos de elección.
Los candidatos que más recibieron fondos públicos fueron los del partido Cambio Democrático, siendo José Muñoz, por lejos, el más beneficiado, con una cuantiosa “partida” de cerca de 16 millones de dólares. Hoy en día Muñoz ha renunciado a ese partido, sin que sus antiguos copartidarios se aventuren a reprocharle su falta de lealtad, so pena de un mayor involucramiento en este escándalo.
La millonaria piñata electorera comenzó a ser auditada por funcionarios de la Contraloría hace más de dos años. Sus resultados a la fecha, que según el mismo contralor son apenas parciales y continúan sin terminar, siguen desconocidos para la población.
Tanta ha sido la demora con esas auditorías que hace tres meses, el 4 de mayo pasado, prescribieron de manera vergonzosa para la justicia y la democracia los delitos electorales relacionados con dichos actos de corrupción. Por esa negligencia de la Contraloría nos toca soportar que los políticos corruptos beneficiados ilícitamente con millones de la Nación puedan lanzarse como candidatos en 2019, como si aquí no hubiera pasado absolutamente nada.
Quedan, no obstante, sin prescribir los delitos penales, como peculado y otros, cuya consideración judicial todavía se encuentra en la espera de las tardas auditorías de la Contraloría.
Ahora nos corresponde a todos alertar al contralor, semana tras semana, día tras día, de que estos delitos de descarado peculado millonario no pueden quedar impunes, y mucho menos como consecuencia de una displicencia negligente originada en su propio despacho.
El autor es abogado y árbitro internacional