En Azuero, la crisis del agua ha dejado de ser una emergencia para convertirse en una rutina. Y ese es, quizá, el síntoma más preocupante. Nos estamos adaptando a una realidad objetivamente alarmante y a una incertidumbre constante sobre algo tan básico como el acceso a agua potable y segura.
Ya fue anunciado el inicio de la desinfección de las tuberías, y el mensaje busca transmitir calma. Pero la pregunta sigue siendo inevitable: ¿esa agua es realmente apta para el consumo humano? Desinfectar una red no equivale automáticamente a garantizar potabilidad. Si la fuente sigue contaminada, la potabilidad no está asegurada; aunque el sistema esté “limpio”, el agua sigue siendo no apta para consumo.
Esta crisis también obliga a preguntarnos por las prioridades, no solo en la agenda pública, sino como sociedad. En medio de la escasez y la incertidumbre, es válido cuestionar qué ponemos primero: ¿las fiestas, los eventos y la sensación de normalidad, o la garantía de agua potable segura? Esta no es solo una pregunta para las autoridades; también interpela a los ciudadanos y a lo que estamos dispuestos a exigir o a tolerar.
La adaptación ciudadana tiene, además, un lado incómodo: la falta de cuestionamiento. Nos acostumbramos a hervir el agua, a comprar botellones y a agradecer anuncios técnicos sin exigir respuestas claras. Esa pasividad —comprensible— termina validando una gestión que no garantiza lo mínimo: agua potable. Cuando no se pregunta, no se cuestiona y no se exige, se normaliza. Puede que el gobierno central avance despacio; lo que aún no queda claro es si las autoridades de la península saben cuáles son sus prioridades.
Aceptar esta situación como algo inevitable es peligroso. El acceso a agua potable no es un favor ni una concesión temporal: es un derecho. Exigir información clara, parámetros verificables y soluciones reales no es confrontación, es responsabilidad ciudadana. Adaptarse puede ser humano, pero callar ante lo inaceptable nunca debería serlo.
La autora es abogada.
